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El oficio Nº 06 de fecha 25 de mayo hace lugar a la medida cautelar peticionada por los 6 ediles y en consecuencia mantener el statu quo de los mismos, conforme al acuerdo y sentencia Nº 15 de fecha 18 de noviembre del 2015, dictada por este mismo Tribunal Electoral, con facultades legales de seguir ejerciendo el cargo de miembros titulares de la Junta Municipal de Fuerte Olimpo. La sentencia aclara que los concejales fueron electos por el voto popular y fueron proclamados por este tribunal electoral.
Los ediles que recuperan de esta manera sus bancas son: Gloria Elvira Ávila, Luis María Duarte, Federico Farías y Diego Molinas, todos de la ANR, además Helder Luis Ayala (Unace) y Carmela Cenoz (PLRA).
El Tribunal Electoral aclara que la medida cautelar a favor de los citados concejales es de manera interina, hasta tanto se sustancie el presente proceso y sin perjuicio de levantarla, si de las diligencias posteriores surgieren méritos suficientes para ello.
La presente resolución del Tribunal Electoral fue remitida al presidente de la Junta Municipal, Juan Carlos González (ANR), para su cumplimiento y remitida al Ministerio del Interior, donde existe un pedido de intervención municipal contra la administración del intendente Sergio Cuéllar (ANR), solicitado por la Junta integrada por los concejales suplentes, quienes ocuparon la banca de los ahora repuestos.
Antecedentes
El presidente del Legislativo había tomado la determinación de separar de sus cargos a los 6 ediles con el argumento de que los mismos cometieron faltas reiteradas a la sesión, y en su lugar procedió a tomar juramento a los concejales suplentes.
El legislativo comunal está integrado por 12 concejales titulares, quienes mantienen una tremenda división. Además de los 6 citados, los otros ediles son: Juan Carlos González, Nelida Torres,ambos de la ANR; Leonardo Lezcano y Felipe Franco del PLRA, y los del Unace Anselso González y Lilian Coronel.
Sobre el jefe comunal pesa una imputación fiscal, al no poder justificar el uso de unos G. 400 millones, rubro perteneciente al Fonacide. El Ministerio Público a cargo de la fiscal María Victoria Acuña imputó al intendente en base al informe de la Contraloría General de la República, que auditó parte de la administración de Cuéllar.