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Latorre conversó con ABC y explicó que hace unos días la defensa de Quintana presentó un pedido de revisión de medidas, pero el pedido fue rechazado por el juez Mirko Valinotti. Sin embargo, un Tribunal de Apelación hizo lugar a una reconsideración con el argumento de que la decisión de Valinotti no tenía fundamentación.
“Se definió una nueva audiencia. Vamos a ir a defender nuestra posición en cuanto a la arbitrariedad de la detención. Sería un acto de barbarie inaudita (que Quintana siga en prisión), que vulneraría no solo los derechos de cualquier procesado, sino en este caso en especial de Ulises Quintana (por ser legislador)", sostuvo Latorre, ex fiscal general del Estado.
De acuerdo al defensor, que reconoció que Quintana tiene privilegios por su condición de legislador, aunque se le hayan removido los fueros, la Constitución habla de que ningún juez puede determinar la prisión de un congresista en base al artículo 191.
“Por otro lado, se habla de una presunción de intento de fuga por la expectativa de pena por asociación criminal y lavado de dinero por el cual fue acusado, pero el régimen fue modificado para eliminar cualquier impedimento relacionado a la gravedad del hecho y ese argumento fue legalmente descartado”, añadió en referencia a lo que se sostiene para mantener a Quintana en prisión: el peligro existente de fuga.
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Además, sostuvo que la Fiscalía acusó en tiempo, pero no presentó las pruebas en plazo jurídico correspondiente, “lo que tiene una consecuencia sumamente grave”.
“Se creó la impresión de que se habla de un origen ilícito del dinero y que ese dinero fue para comprar cocaína, pero eso no figura en la conversación, sino que fue agregado por la fiscala para encauzar el caso. Ulises Quintana quedó prendido a un proceso en donde se está debatiendo cuestiones de narcotráfico y a él, en la acusación, no se le incluye”, explicó Latorre, según su posición como defensor del diputado.
El ex fiscal general dijo que los jueces pueden condenar a su cliente si lo encuentran culpable, pero que se respete el debido proceso. “Esta es una parodia judicial”, sostuvo, al tiempo de adelantar que el caso se enseñará en las universidades como uno en que el proceso se hizo mal.
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“Los actos procesales deben ser cumplidos dentro de los plazos establecidos. En este caso, el fiscal no presentó las pruebas, pidió una prórroga que se le concedió por 48 horas. Luego, pidió otra, que se le concedió sine die. Por lo menos que digan qué es lo que realmente sería el interés de fugarse”, agregó.
Sobre el argumento de que su cliente podría contraer coronavirus en prisión, sostuvo que ese es solo uno de los argumentos y no el principal. Adelantó que tampoco presentó certificado médico alguno para evitar cualquier intento de un proceso o injerencia por una supuesta presentación de certificado de contenido falso.
Quintana está acusado por presunto lavado de dinero y asociación criminal y está preso en la cárcel de Viñas Cué. Tiene vínculos con la red del presunto capo narco Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien está en prisión en Tacumbú. Al legislador se lo escuchó en una conversación interceptada por la Senad en que presuntamente interviene a favor de uno de los secretarios de “Cucho” que fue retenido en un puesto policial con miles de dólares cuyo origen no pudieron justificar en ese momento.