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Tanto Mario Ferreiro como Óscar Rodríguez violaron la Ley 5.282 de la Información Pública y lograron meter entre los dos 1.080 funcionarios en Intendencia, sin que la ciudadanía pudiera enterarse.
Durante cuatro años mantuvieron encriptada la nómina de funcionarios de manera que fuera inaccesible. Este diario logró desencriptar los documentos, limpiarlos y presenta hoy un análisis de los datos, además de un buscador para acceder a ellos.
Según planilla de febrero 2020, existen 1.016 funcionarios que han ingresado entre 2016 y 2019, durante la administración Ferreiro. La cifra puede ser incluso mayor, ya que varios han sido despedidos y ya no aparecen en la lista de febrero de 2020. Por su parte, Óscar Rodríguez (ANR) colocó 64 personas en tan solo dos meses (enero y febrero).
Solo en Intendencia hay hasta febrero 7.279 personas registradas como funcionarios. A estos se deben sumar los 1.270 funcionarios de la Junta Municipal. En total, la ciudadanía asuncena debe pagar el salario a 8.549 personas, aunque las funciones de muchas de ellas no están claras.
ABC ha denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de funcionarios “fantasma” que solo aparecen en planillas, a quienes no se los ve en la institución, que muestra pasillos y oficinas vacíos.
Por ello, con los datos obtenidos, este diario desarrolló “El investigador”, una herramienta que permite acceder a la nómina de funcionarios de la Intendencia asuncena, conocer sus salarios y bonificaciones, además de la dependencia en donde trabajan. Si Ud. encuentra entre ellos a algún “fantasma” puede realizar su denuncia en el formulario de abajo.
Si sigue leyendo este especial, encontrará qué más descubrimos en las planillas.
La enorme cantidad de 8.549 funcionarios no condice con resultados que se ven en la ciudad. Además, según declaraciones de varias autoridades, un 70% de ellos es oficinista y solo 30% sale a las calles.
Al analizar los datos encontramos que la Dirección de Servicios Urbanos, encargada de la recolección de basura, el cuidado y limpieza de la ciudad, tiene en su nómina 1.521 funcionarios. En 2011, el entonces intendente Arnaldo Samaniego (ANR) había arrojado el dato de que los trabajadores eran solo 500. Esto refleja que la dependencia ha sido fortalecida en recursos humanos; sin embargo, durante toda la gestión de Mario Ferreiro el problema de la basura fue constante.
El encargado Rodrigo Velázquez se niega a dar entrevistas. Por ello, contactamos con la actual Jefa de Áreas Verdes, Anania Benítez, cuya dependencia forma parte de Servicios Urbanos. Aseguró que tiene a su cargo 144 obreros y que no son suficientes para la limpieza y el cuidado de todas las plazas y avenidas de Asunción.
Otro problema al que Asunción se asocia son los baches. La Dirección de Vialidad tiene 423 funcionarios; sin embargo, siempre se deben hacer licitaciones para tercerizar la repavimentación de calles. Generalmente se dedican a “parchear” algunos baches. Los materiales son de tan mala calidad que empiezan a salir con las primeras lluvias.
La Capital tiene un buen porcentaje de calles asfaltadas, como se puede observar a simple vista en el mapa de información interactiva desarrollado por la Comuna, cuya captura de pantalla compartimos a continuación (las líneas grises son asfalto):
La otra dirección clave es la Policía Municipal de Tránsito (PMT), que cuenta con 330 agentes, según las planillas. La dependencia se ha mostrado deficiente, puesto que el tránsito de la Capital se caracteriza por ser desordenado: vehículos estacionados en doble fila, nadie respeta el paso peatonal, ni las bicisendas o rampas para discapacitados.
Cuando se encuentra un agente, generalmente se lo relaciona con coimas. De hecho, en 2019 sucedió el último escándalo, debido a que se descubrió una recaudación paralela en la PMT.
A esto se suma la criticada Dirección de Niñez y Adolescencia, con 102 funcionarios, que no da respuesta rápida a las llamadas, según denuncias ciudadanas. Asimismo, Recursos Humanos, con 253 funcionarios que no son capaces siquiera de tener la nómina de funcionarios en orden, puesto que la misma presenta innumerables errores.
Tampoco se ha elaborado en todos estos años una política de gestión de recursos humanos. En febrero se otorgaron bonificaciones por productividad a 579 funcionarios, pese a que no tienen cómo medir esto.
Por su parte, la Dirección de Comunicación tiene a su cargo a 60 personas. Sin embargo, durante 2019, en las oficinas se pudo ver a máximo diez personas en su departamento de prensa y a diez en la oficina continua que trabaja el plan de comunicación de la institución.
Pese a tener esta cantidad de funcionarios en la dependencia, el exintendente Mario Ferreiro tercerizó el monitoreo de medios de prensa (informe sobre lo que se publica en los medios)
Se pagaron G. 162 millones a la empresa Audimedia SRL. Los dueños son Sebastián Godfrid e Ivan Gustavo Martí Martínez. Según el portal web de Contrataciones Públicas, esta fue la primera vez que la empresa tuvo una adjudicación.
Al ser consultado, el ahora director de Comunicaciones Luis Trigüis confirmó la existencia de esa licitación y otra referente a realización de audioviosuales. “Hay gente que no trabajaba, pero no trabajan porque se tercerizaba”, dijo cuando se le consultó sobre cómo encontró el sitio al asumir. Aseguró que el contrato ya venció y la nueva administración planea comprar equipos para que la propia Comuna se encargue del trabajo.
Óscar Rodríguez preparaba a la Comuna para las elecciones
El gabinete de Óscar Rodríguez fue elaborado en vista a las elecciones municipales que debían realizarse este año. Aprovechó su ascenso a la intendencia para ubicar en cargos importantes a operadores políticos y jefes de seccionales con amplia experiencia en trabajar en campañas. Lejos de tener un criterio técnico, eligió incluso a personas con malos antecedentes.
Un ejemplo es su director de Comunicación, Luis Trigüis, quien estuvo en la cárcel, procesado por amenaza de secuestro. Figura en la nómina de la Intendencia, pero en la casilla dependencia de la planilla describe “Junta Municipal”. No figura como comisionado, sino que tiene un “sueldo básico” de G. 19 millones. Las demás casillas están vacías. No figura su año de ingreso ni el cargo que ocupa.
Otra “adquisición” es su asesor jurídico, Benito Torres, quien fue mano derecha del exintendente Arnaldo Samaniego. Esa administración fue acusada de faltantes y de irregularidades en vales de combustibles. Benito Torres trabajó para defender esas irregularidades.
Ambos intendentes violaron la ley
El exintendente Mario Ferreiro había lanzado a comienzo de su mandato un portal llamado “Hesaka”, donde se podía ver los datos de funcionarios. Ante la ola de denuncias sobre casos de “planillerismos”, levantó la página web.
La lista no cumple con el formato que solicita la Secretaría de la Función Pública y esta última institución nunca hizo nada al respecto. El formato se puede descargar en este link: Documento
A esto se suma que la Municipalidad presentó y ganó en 2013 una acción de inconstitucionalidad para que la Ley de la Función Pública y, por ende, la obligatoriedad del concurso público no rija en la Comuna, por lo que tampoco se puede saber por esa vía cuando una persona es contratada en la municipalidad y no se puede saber si es o no apta para el cargo.
La institución con el mayor incumplimiento
Consultado al respecto, Ezequiel Santagada, abogado especialista en acceso a la Información Pública, consideró que la Comuna viola abiertamente esta norma. Dijo que si bien las autoridades comunales querrán alegar que sí se dio cumplimiento al artículo 8 de la Ley 5.282 que exige la publicación de los datos, estas se olvidan de cumplir el artículo 3.
El punto exige: “La información pública estará sometida a la publicidad y las fuentes públicas están obligadas a prever la adecuada organización, sistematización, informatización y disponibilidad para que sea difundida en forma permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso a los interesados”.
“Todo está armado claramente para dificultar su acceso”, señaló, en referencia a las planillas. Explicó que la institución encargada de verificar que se cumpla la “transparencia activa” es la Secretaría Anticorrupción, pero que esta última solo tiene 15 funcionarios y no posee capacidad de respuesta.
Finalmente, criticó al actual intendente: “Óscar Rodríguez tiene un discurso muy bonito, pero está apañando lo peor de la administración. La Comuna de Asunción ha de ser la institución con el mayor incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública”, señaló.
Rodríguez niega haber colocado a 64 personas
El actual intendente municipal, Óscar Rodríguez (ANR), negó que haya ingresado a 64 funcionarios. Dijo que solo entraron cuatro personas, todas ellas en cargo de direcciones.
Al cuestionarle sobre que hay 64 personas con año de ingreso del 2020, dijo que serían funcionarios a quienes se les renovó su contrato, ya que esto ocurre cada tres meses y aseguró que los “contratados” no tienen antigüedad. También dijo que otros tuvieron un cambio de relación laboral y que, en este acto, su antigüedad vuelve a iniciarse este año, y por eso figura “2020”.
Añadió que cuando asumió se encontró con que ya existía una promesa de cambios de relación laboral que se hizo con los sindicatos y que él solo la cumplió. Aseguró que no ha colocado a nadie como favor político.
Consultamos a la conocida sindicalista municipal Gladys Galeano, quien aseveró que los contratados sí conservan su antigüedad. También los que tienen cambio de relación laboral mantienen su antigüedad, según el contrato colectivo que rige en la Comuna, indicó.
Intentamos conversar con Mario Ferreiro, pero él se niega a hablar con nosotros.
Municipalidad, en rojo
Un dato no menor es que la Municipalidad de Asunción se declaró en rojo durante el inicio de la pandemia y anunció que haría préstamos para pagos de salarios, debido a que la baja recaudación no alcanzaba para mantener al grueso funcionariado.
El desorden en la administración municipal y los innumerables casos de corrupción que han salido a la luz a través de la prensa solo reflejan la punta de una enorme rosca que derrocha el dinero público de los contribuyentes asuncenos. La falta de transparencia por parte de las autoridades agrava la situación y las convierte en cómplices al esconder datos.
Nota: Esta investigación se inició gracias al aporte del ciudadano Gabriel Fernández, programador, quien se comunicó con nosotros.