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Recientemente, se dejó al descubierto el modus operandi del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para, en pleno año de crisis, contratar sin concurso a auxiliares administrativos, asistentes y hasta a una “asesora de prensa”. Varias anomalías saltaron en el procedimiento, que ahora está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el área de Transparencia y Anticorrupción.
Pero las irregularidades no se limitan a haber contratado por excepción al concurso sin tener una urgencia real que justifique saltarse los exámenes de oposición, sino que, además, en el listado se encuentra una ciudadana uruguaya. Se trata de la misma a quien asignaron como directora de la “Dirección de Familia Profesional, Imagen, Sonido y Comunicación” en el Servicio Nación de Propoción Profesional (SNPP), de nombre Viviana Bonino Martínez, con C.I. 8.609.133.
Según la Ley 1.626, de la Función Pública, los ciudadanos extranjeros pueden ser contratados para trabajos específicos, por período limitado, pero no pueden ser nombrados ni tampoco ocupar cargos de confianza. Para esos casos, necesariamente deben nacionalizarse como paraguayos, acorde a la normativa vigente.
Los documentos a los que hemos podido acceder muestran que Viviana Bonino Martínez, quien tiene una relación cercana con la ministra Carla Bacigalupo, es uruguaya pero no nacionalizada. No podía en ningún caso tener una dirección, como la que le asignó la titular del MTESS.
Al respecto intentamos consultar a la ministra, quien no respondió nuestras llamadas ni mensajes, pero dio la versión de la cartera a través de la directora jurídica de la institución, Sonia Silvera de García, quien respondió: “No existe ninguna resolución de asignación de cargo de confianza alguno a favor de la Sra. Bonino. La ‘resolución’ que ha publicado ABC no tiene validez alguna. Podrá notarse que no tiene fecha, numero ni mucho menos está refrendada. Presumimos que se ha utilizado el sello/firma de la MAI (máxima autoridad institucional). Esta situación está bajo investigación interna”.
Lo llamativo es que sobre la “directora de familia profesional, imagen, sonido y comunicación” este diario publicó en varias ediciones y en conversaciones con la ministra Bacigalupo o el viceministro Luis Orué, ninguno dijo en esas ocasiones que la resolución de referencia no tiene validez. Incluso, cuando le consultamos en su momento a Orué la función de Bonino, fue él quien dijo que era la “asesora de prensa” en el SNPP.
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Precisamente, la propia Función Pública confirmó que el nombre de Bonino no aparece en la nómina de asignaciones en instituciones públicas. Por este y otros hechos llamativos es que el director jurídico de la SFP, Máximo Medina, abrió la investigación del caso, aun después de dejarse sin efectos los contratos por excepción (el MTESS informó sobre la suspensión de esas cuestionadas contrataciones después de que éstas hayan salido a la luz de la opinión pública).
Según Sonia Silvera, la solicitud de contratación por vía de la excepción se efectúo “con miras a realizar el concurso público en el mes de junio de 2020. El proceso se inició el 4 de febrero por nota de aprobación de perfiles ante la SFP, luego por nota de fecha 25 de marzo se pidió la autorización a la SFP, indicando dependencia, sueldo, funciones y argumentos de la contratación, indicándose para la señora Viviana el salario de G. 6.578.000. La SFP, órgano rector en la materia, se expidió en forma favorable a través del Dictamen DGAJ Nº 479/20 de fecha 31 de marzo. El dictamen fue firmado por el director jurídico, Máximo Medina, contando con el Vo. Bo. de la ministra de la Función Pública”, añadió la directora jurídica de Trabajo.
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“Es oportuno aclarar además que, si bien la nacionalidad extranjera es impedimento para un nombramiento, no lo es para una contratación de personal, conforme a la legislación vigente. Igualmente, cabe mencionar que ninguna de las contrataciones autorizadas por la SFP están activas, las mismas han quedado sin efecto y nunca fueron efectivizadas atendiendo a que el MH no concreto el proceso de pago ni asignación, es decir, la administración pública no efectuó pago alguno”, finalizó.