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Maciel conversó con ABC este jueves e informó que, desde que se implementaron las medidas sanitarias en el país por la crisis de coronavirus, unas 500 personas dejaron el sistema penitenciario.
“Esto no por disposición del Ministerio de Justicia, sí a raíz de las gestiones realizadas por el Ministerio de Justicia, en donde intervienen los jueces penales de garantía que revisan esos casos y en el caso de que consideren el arresto domiciliario u otras medidas alternativas y por los jueces de ejecución que otorgan las libertades condicionales y la prisión domiciliaria para las personas que están en riesgo o los adultos mayores”, especificó el viceministro de Política Criminal.
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La intención de las autoridades es descomprimir las cárceles del país. Defensoría Pública envió un listado de 1.591 condenados que compurgaron más de la mitad de sus penas y que son elegibles para el indulto. Sin embargo, Maciel advirtió que esto lleva un proceso y que hay varios filtros, por lo que muchos quedarán exentos de esa opción.
Por ejemplo, la Corte Suprema —que finalmente recomienda o no el indulto en base a un análisis— controla también si el preso tiene otras causas abiertas o cuál fue el motivo de la condena. Los casos de secuestro, abuso sexual en niños, violación, casos de narcotráfico grave o robo con resultado de muerte no pueden ser indultados.
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En ese sentido, contó que el Ministerio de Justicia también envió un listado de 867 personas que califican para el indulto y otro documento con 105 personas que tienen algún tipo de enfermedad que las hace vulnerables al coronavirus, como así también los nombres de adultos mayores que podrían dejar las cárceles.
El viceministro añadió que, históricamente, el promedio de indultados es de 20 por año, con un máximo de 40 en 2010. Confesó que este año habrá más por la crisis del coronavirus, pero sostuvo que el número no se acercará a la lista de Defensoría Pública. “Descartaríamos gran cantidad de personas de ese listado”, indicó.
Finalmente, Maciel manifestó que el indulto es una facultad del presidente de la República, pero que el proceso no es discrecional. Las decisiones se toman en base a un informe de la CSJ. En ese sentido, pidió prudencia y comentó que el trámite se hace con reservas para evitar generar falsas expectativas en las penitenciarías.