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Al no presentarse oferentes, el llamado a licitación por concurso de ofertas para la “Contratación de Servicio Médico Sanatorial Para Ministros-Contrato Abierto-Plurianual” fue declarado desierto, según confirmó a ABC Color el presidente de la máxima instancia Judicial, doctor Alberto Martínez Simón.
Dada la falta de empresas interesadas en la licitación y quedando esta desierta, por propuesta del titular de la Corte, se resolvió la suspensión de los trámites relativos a un nuevo llamado a licitación en tanto se termine de analizar en el Congreso el proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento, la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”, que establece la prohibición de que el Estado pague los seguros médicos privados a los funcionarios de alto rango, entre los que están incluidos los ministros de la Corte.
“Hasta que ese proyecto de ley tenga una definición, para no quedar en el camino se dio la resolución”, indicó Martínez Simón a ABC Color. Igualmente señaló que es una obligación del Estado proveer la cobertura médica, de quedarse aprobada dicha normativa, manejan como alternativa incluirse en IPS, un seguro privado colectivo o un subsidio.
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Un punto a resaltar es que el llamado a licitación del seguro médico para los funcionarios y magistrados del Poder Judicial sigue en curso a la fecha.
El seguro médico de los ministros de la CSJ tiene vigencia hasta el próximo 30 de abril. Esperarán a las resoluciones del Congreso para establecer las alternativas a seguir, según mencionó Martínez Simón.
El miércoles, los senadores fueron informados de que a partir de mayo dejarán de contar con el seguro médico privado que era pagado por el Estado, conforme una nota emanada de la Presidencia del Congreso. Dicha cobertura médica “vip” pagada con recursos del erario quedó prohibida en el proyecto de ley de racionalización y austeridad aprobado por la Cámara Alta, pendiente de estudio por parte de los diputados.
De aprobarse dicha ley, los ministros de la CJS, miembros del Poder Ejecutivo y otros funcionarios de alto rango deberán pagar por su cuenta el seguro médico que antes recaía sobre el Estado.