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El magistrado Raúl Florentín hizo lugar a la acción de amparo constitucional promovida por los abogados Natalia Glagiardone Dos Santos y Federico Legal Aguilar contra la Contraloría General de la República.
De esta manera, el juez penal de Garantías ordenó la publicación en la página web institucional de la Contraloría General de la República (CGR) la publicación de las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de las autoridades y funcionarios que estén mencionados en el artículo N° 3 de la Ley 6.524/20, que declara el estado de emergencia en el territorio nacional ante la pandemia del COVID-19.
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Asimismo, también dispone que se dé a conocer las declaraciones juradas de los proveedores que estén directa o indirectamente involucrados en los procesos de contrataciones públicas que vayan a desarrollarse en el marco de la vigencia de la referida ley.
En ese sentido, esta resolución incluye a las siguientes instituciones: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social y Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Desarrollo Social (Tekoporá), Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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Además, también están en el listado: el Instituto de Previsión Social (IPS), Hospital de Clínicas-FCM (UNA), Sanidad Policial, Sanidad Militar, Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Petróleos Paraguayos (Petropar).
En ese contexto, cabe recordar que el contralor Camilo Benítez Aldana presentó un escrito ante la justicia a través del cual manifestó que si el juez competente tomaba esta determinación de hacer públicas las declaraciones, la Contraloría no apelará la disposición y cumplirá el pedido.
Antecedentes
Hasta el momento, hay varias instituciones que son cuestionadas por la compra de insumos de salud que realizaron en el marco de esta pandemia. Entre estas se encuentran la Dinac, el Hospital de Clínicas de la UNA y Petropar por supuesta compra sobrefacturada de tapabocas.
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Además, la titular de Petropar, Patricia Samudio, es cuestionada por la compra de grandes cantidades de agua tónica, que -según alegó- supuestamente servía como una medida “preventiva” del temido virus.
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Actualmente, tanto la Secretaría Anticorrupción como la Fiscalía llevan a cabo investigaciones sobre estos casos para determinar si existieron o no irregularidades.
También es importante mencionar que, en el marco de esta ley de emergencia, el Poder Ejecutivo logró la autorización del Congreso para que el país se endeude hasta US$ 1.600 millones para la contingencia del COVID-19.
Hasta la fecha, van 43 días de cuarentena, lo cual ya produjo un gran impacto en la economía de muchas familias, ya que el aislamiento total significó para muchos la pérdida de sus ingresos diarios, así como la cancelación o suspensión de contratos. Entretanto, suman 213 los casos positivos del nuevo coronavirus, de los cuales nueve fallecieron y 62 lograron recuperarse.