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La cartera fiscal está trabajando en los últimos detalles de los lineamientos que deberán seguir las instituciones públicas, para la elaboración de sus anteproyectos de presupuestos para el año venidero y se apunta a que no se permitirá elevar de nuevo aquellos gastos que este año ya fueron reducidos.
En principio, indicaron los técnicos, seguirán las restricciones para los pagos de horas extras, adicionales, bonificaciones, subsidio familiar, servicio de catering, almuerzos, compra de combustibles, entre otros gastos considerados no prioritarios.
Además, las instituciones no podrán incluir ningún aumento salarial para funcionarios ni contratados para el ejercicio fiscal 2021 y las contrataciones de personal estarán limitadas a las necesidades en áreas consideradas prioritarias.
Las prioridades seguirán como la establecida para el presente ejercicio: salud, educación, seguridad y protección social, atendiendo que el próximo año se estima será muy difícil por el impacto que producirá la pandemia por coronavirus en la economía.
A esto se suma el elevado déficit fiscal con que cerrará este año las finanzas públicas, que se prevé llegará a 5% del Producto Interno Bruto (PIB) por el endeudamiento autorizado para mitigar los efectos de la pandemia en el sistema sanitario y la economía.
Los técnicos señalaron que se debe apuntar a reducir nuevamente el déficit para converger al nivel de 1,5% del PIB como se establece en la Ley de Responsabilidad Fiscal, aunque se maneja la posibilidad de un proyecto de ley para ir gradualmente bajando a este número en los próximos tres a cuatro años.
El presupuesto 2020 aprobado inicialmente asciende a G. 86,3 billones (US$ 13.525 millones) y el presupuesto vigente a inicios de abril, luego de la ampliaciones realizadas en el marco de la ley de emergencia, creció a G. 94,9 billones (US$ 14.877 millones), faltando aún gran parte del préstamo de emergencia ser incluido.
El proyecto de decreto será remitido a la Presidencia de la República y, a más tardar, a fin de mes se dará a conocer para que las entidades puedan empezar el proceso de construcción de sus anteproyectos.
Los lineamientos sirven de base para preparar los anteproyectos de presupuestos, que las instituciones públicas deberán entregar a Hacienda a fines de junio para iniciar el proceso de consolidación del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021, que será presentado a más tardar el 1 de setiembre a consideración del Congreso.