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Aramí O’Hara, representantes de un grupo de empresas del mencionado sector, explicó que ya a inicio de las restricciones sanitarias por la pandemia, el 52% de las empresas agremiadas tuvo que cerrar completamente y ello implicó obviamente una facturación de cero desde dicho mes.
Hoy, las empresas que tuvieron que cesar temporalmente ya son cerca del 70% y esto también se refleja en el cese de contratos de trabajadores. “Nosotros ya estamos en 7 de cada 10 empresas cerradas de lo que sería estos rubros que te estoy comentando, y de las empresas que siguen abiertas, están más o menos haciendo una facturación para lo que significa cubrir nada más que costos fijos”, destacó O’Hara.
No obstante, esta situación actual los coloca igualmente en otra situación bastante incómoda, acogerse a solicitar la suspensión de sus contratos, ya que según dijo, la mayoría de las empresas intentó cubrir el mes de marzo pagando el salario de sus empleados, pero ahora ya les es imposible.
“Suspensiones de contrato en este momento que ya las tenemos hechas es de un 62% aproximadamente, y a finales de abril eso va a subir a casi un 80%”, estimó. Cabe recordar que las suspensiones de contrato son una alternativa legal establecida en el Código Laboral, donde hasta por tres meses las empresas pueden prescindir sin pagar salarios de sus empleados, pero luego de ese plazo deberían de retomar el vínculo laboral con todos los beneficios laborales previos.
Si bien el gobierno estableció una ayuda económica para las personas con cese temporal o para los despedidos durante la pandemia, esta aún no fue efectivizada a través de la entidad encargada, el Instituto de Previsión Social (IPS).
“Hay que ser muy sinceros y honestos en decir que el único ente lo suficientemente grande, verdad, con la espalda de aguantar todo lo que está pasando, lastimosamente es el Estado; las empresas no vamos a poder soportar las restricciones de la manera en la que están hechas”, remarcó sobre la necesidad de que el Gobierno asuma ahora la mayor parte de los costos mediante subsidios, destacando que las empresas por años han aportado en base a impuestos.
O’Hara indicó que la mayoría de las empresas que aglutinan requieren entre G. 20 millones y G. 300 millones al mes para poder sobrevivir con sus empleados, y si bien existen alternativas de créditos, exigen que el gobierno sea garante de estos en el caso de que eventualmente las empresas no se puedan reponer de la crisis. Además de facilidades con los créditos, piden previsibilidad a futuro.
“No solamente las empresas, sino casi todo el sector económico de este país necesitamos ya un poquito más de claridad, y cuando me refiero a claridad me refiero a saber en cuánto tiempo, a cómo vamos a ir saliendo paulatinamente, y con qué bases y condiciones y con qué restricciones”, planteó.
La misma insistió que esperan que el gobierno diga no solo a las empresas, sino a sus colaboradores formales e informales: “No le vamos a hacer faltar dinero, no le vamos a hacer faltar subsidios para que tenga techo y no se los desaloje, para que tengas salud ante cualquier cosa de repente que pueda llegar a pasar y para que siga teniendo alimento en la mesa. Esa tranquilidad lastimosamente nosotros no la tenemos hoy”.
Agregó que pese a que el gobierno tiene disponible unos US$ 1.600 de créditos disponibles, hasta el momento las empresas no se sienten respaldadas para eventualmente afrontar los desafíos que puedan venir a futuro para una reactivación económica, que deberá necesariamente pasar por ellos.