“Ante la imposibilidad de trabajar y la lenta, insuficiente, limitada y, en algunos casos, nula asistencia por parte del gobierno central y los gobiernos locales, el hambre ya empezó a golpear a las comunidades”, afirmó en un comunicado Tierraviva, organización que asiste a originarios del Chaco.
La población de los 19 pueblos aborígenes de Paraguay alcanza las 120.000 personas, de las que el 66% vive en situación de pobreza y el 34% en pobreza extrema, principalmente las que pueblan en áridas y alejadas regiones chaqueñas, según datos oficiales.
“Hacemos un llamado urgente (...) a atender las necesidades de las comunidades que se encuentran atravesando una situación crítica por la escasez de alimentos”, subrayó Tierraviva, al recordar que “hoy más que nunca” los pueblos nativos “padecen los resultados del histórico despojo y de discriminación estructural”.
En este sentido, refirió que la “exclusión histórica de la población indígena por parte de las autoridades” ha derivado en que el Estado paraguayo “sea condenado en tres ocasiones por instancias internacionales de derechos humanos”.
Y destacó que las comunidades indígenas “han cumplido de forma cabal las recomendaciones del Ministerio de Salud y las medidas de aislamiento social emanadas por el Poder Ejecutivo” para frenar el COVID-19, que ha dejado 8 muertos y 206 contagios tras la detección del primer caso, el 7 de marzo pasado.
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El reclamo se produce un día después de que el Gobierno de Mario Abdo Benítez anunciara que al menos 1,6 millones de paraguayos de sectores vulnerables en general fueron beneficiados con el subsidio asignado ante el impacto de la pandemia, sin especificar si esa cifra incluye a pueblos indígenas.
Para los trabajadores informales, que son mayoría en el país, se ha dispuesto la entrega mensual durante tres meses de 548.210 guaraníes, un 25% del salario básico, en billeteras electrónicas y condicionada a compra de medicinas y alimentos.