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Esta mañana habló en conferencia de prensa el jefe de Gabinete Presidencial, Juan Ernesto Villamayor, en el Palacio de Gobierno. Manifestó que por disposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, todas las unidades que hayan adquirido material designado a salud por el motivo que fuere deben realizar presentaciones a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General del Estado.
“El Presidente está convencido de que este es un momento complejo para toda la humanidad y la República del Paraguay. Debemos aportar mucha seriedad al manejo institucional que tenemos y tenemos que apostar todos por la transparencia”, agregó.
Este anuncio se da luego del escándalo que envolvió a la Dirección Nacional de Contrataciones (Dinac) por la compra de tapabocas, que culminó con la renuncia de su titular, Édgar Melgarejo, la suspensión del contrato de compras y una investigación por parte de la Fiscalía.
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En ese contexto, Villamayor afirmó que hasta el momento ninguna de las compras se hizo en el marco del financiamiento aprobado por el Congreso para la ley de emergencia sanitaria, que prevé un tope de hasta US$ 1.600 millones. “Dentro de cada institución se han ido adquiriendo productos –de acuerdo al informe que tengo hasta este momento- que, si bien guardan relación con salud, con recursos propios de las instituciones”, indicó.
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Al respecto, el ministro puso como ejemplo a Policía Nacional, que, al igual que la Fiscalía, tiene la obligación de estar en la vía pública para controlar la cuarentena y utilizar mascarillas, por lo tanto, es la institución la que hace las compras, no el Ministerio de Salud. "Con 24.000 hombres que necesitan tapabocas, si el tapabocas se cambia uno por día, tenemos 24.000 tapabocas por día”, referenció.
En relación al caso de la Dinac, sostuvo que tiene entendido que el titular de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, le entregó su informe con respecto a la adquisición de mascarillas y que el documento sería entregado al Ministerio Público para la investigación que lleva a cabo.
“La decisión del Gobierno es abrir todas las puertas, que se investigue absolutamente todo e invitar a todos los organismos de control a que verifiquen el 100% de los contratos que guardan relación con la adquisición de bienes que se vinculan con el área de salud”, ratificó.
Antedecentes
La polémica en la Dinac se originó debido a que la institución adquirió tapabocas a G. 29.990 cada uno, bajo el código que se usa para los comunes, que en el precio del mercado están a G. 3.000. Sin embargo, el presidente Édgar Melgarejo defendió la licitación y aseguró que eran mascarillas de mejor calidad, las quirúrgicas, pero alegó que Contrataciones solo tenía un código para englobar todos los tipos de mascarillas.
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Luego, un proveedor denunció que supuestamente él negoció con Melgarejo las mascarillas a G. 2.700 cada una, las cuales después fueron facturadas a casi G. 30.000, lo cual fue negado por el titular de la Dinac.
Posteriormente, la Fiscalía abrió una investigación del caso y realizó una serie de allanamientos e incautó pruebas que apuntan a que las proveedoras de barbijos podrían ser empresas de maletín. Todo esto llevó a la renuncia del presidente de la Dinac, quien en su despedida una vez más defendió el proceso.
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No obstante, en otras instituciones como Petropar y la Facultad de Medicina UNA compraron las mascarillas especiales por el precio de hasta G. 39.000 cada una, mientras que, según el Ministerio de Salud, las mismas deberían costar hasta G. 25.000.
Así también, la Dirección de Contrataciones actualmente investiga una licitación del Ministerio de Salud y Bienestar Social sobre la adjudicación de la compra de insumos por los que se pagaron G. 17.000 millones de anticipo.
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