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La denuncia ante la Fiscalía será presentada por la presunta comisión de coacción, amenaza de hechos punibles y ante la Superintendencia de Justicia por inconducta del abogado Víctor Mujica, defensor de Soares y Guachiré, señaló el abogado Rodrigo Yódice en comunicación con ABC.
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Cabe recordar que el hecho se produjo ayer cuando el abogado Mujica intentó agredir físicamente e intimidar al periodista de ABC Víctor Franco en pleno juicio oral y público del caso conocido como “coquitos de oro”, en el Palacio de Justicia. No obstante, el letrado fue contenido por los presentes.
Yódice explicó que la práctica de conductas violentas, intimidatorias, coactivas hacia personas por parte de un profesional del foro en el ejercicio de la actividad forense que le compete constituye una falta grave en una acordada específica, que tipifica y sanciona este tipo de inconductas, que prevén sanciones tales como la inhabilitación del ejercicio de la profesión por un año e inclusive la casación de la matrícula.
En el marco de la denuncia penal que presentarán ante la Fiscalía, sostuvo que no se puede permitir que este tipo de actos coactivos sean parte de una investigación profunda del Ministerio Público. “Aun cuando hayan sido una coacción de carácter psicológico y un intento de agresión impedido por terceros, el sujeto que perpetró estos hechos es un profesional abogado, sabe perfectamente que manifestar si no tendría miedo el periodista, preguntar al periodista si no tenía miedo por su esposa, por sus hijos, haciendo referencias específicas a datos tan concretos, no podría el día de mañana ejecutar una acción que mañana sea irreparable”, aseveró.
Dijo que, en ese contexto, el Ministerio Público debería investigar a esta persona, verificar qué está haciendo, cuáles son sus contactos, sus antecedentes y qué capacidad tiene o no de ejecutar la acción con la que intimidó al periodista.
Antecedentes
El caso conocido como “coquitos de oro” tuvo comienzo en 2009, cuando Camilo Soares estaba al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), durante el gobierno de Fernando Lugo. Bajo su administración la institución compró una gran cantidad de alimentos para la contingencia de la emergencia que se declaró en varias zonas del territorio nacional.
La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) fue la encargada de efectuar las compras. Esta dirección estaba a cargo de Alfredo Guachiré.
Según las investigaciones fiscales se constató que hubo una sobrefacturación en el precio de los panificados, incluso entre el 17 y 24 de diciembre de 2009 se duplicaron en el precio de las compras, lo cual ocasionó un daño patrimonial de unos G. 1.000 millones.
Igualmente el proceso llevado por el Ministerio Público fue largamente dilatado por interminables chicanas que hicieron que el juicio se lleve a cabo unos 10 años después.
El juicio oral y público empezó el pasado 2 de marzo, pero fue suspendido en también en varias ocasiones. Los defensores de Soares y Guachiré recusaron al Tribunal cuatro veces y llegaron a ser suspendidos por abuso del derecho. Ayer, nuevamente se volvió a suspender por una constancia médica de Camilo Soares.