La normativa aprobada contaba con dictámenes a favor por parte de la comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y de la comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.

El senador Sergio Godoy (ANR, cartista), principal proyectista, como titular de la Comisión de Legislación, presentó los antecedentes del documento y adelantó su voto por la aprobación. Evitar las compras innecesarias y beneficios superfluos, las contrataciones de parientes en la función pública y fijar un límite salarial para las autoridades son los tres ejes principales que se establecen en esta ley. Muchas de estas medidas de racionalización se aplicaron en determinados momentos pero que debido a la actual situación es importante definir su carácter permanente, según detalló.

En este estudio se incluyeron otros cuatro proyectos presentados por varios legisladores, quienes plantean ajustes en el gasto público.

La normativa fue aprobada en general y el debate sobre los articulados prosiguió hasta las 21:45 durante la sesión virtual de la Cámara Alta, cuando se declaró cuarto intermedio. El senador Blas Llano propuso que la sesión continúe el viernes ya desde el Congreso Nacional, considerando que la cuarentena en la sede parlamentaria es hasta mañana. Sin embargo, alrededor de las 22:30, fuentes del Senado informaron que la convocatoria a sesión extraordinaria quedó para el viernes a las 10:00, y será virtual nuevamente a fin de respetar las recomendaciones del Ministerio de Salud con relación a los cuidados para evitar la propagación del covid-19

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Entre algunos de los artículos del texto base se establecen topes salariales a las autoridades públicas de rango superior - presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, parlasurianos, gobernadores, miembros de las juntas departamentales, intendentes, ministros, viceministros del Poder Ejecutivo, autoridades de los entes autónomos y autárquicos, autoridades y consejeros de entidades públicas, empresas públicas, entidades financieras oficiales, generales de las Fuerzas Armadas, rectores de las universidades nacionales, ministros de la Corte Suprema de Justicia y Tribunales de Apelación, ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fiscal general y fiscales adjuntos, contralor y subcontralor, defensor del pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y cualquier otra autoridad que disponga o reciba fondos públicos.

También prohíbe a las autoridades el nombramiento de parientes dentro de la entidad a cargo ya sea como funcionario o como contratado que reciba un salario, remuneración o ingreso público. También establece que solo podrán incorporar un máximo de tres asesores, remunerados o no, quienes ejercerán dichas funciones mientras lo hagan las autoridades para las que trabajan.

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Otra de las pautas del proyecto dispone que los directivos y consejeros de las entidades binacionales nombradas por el Poder Ejecutivo no podrán percibir salarios mayores a los que recibe el presidente de la República.

Además, estipula que ninguna autoridad de rango superior pueda contratar seguros médicos privados costeados por el Estado así como elimina los cupos de combustible y pago de servicios de telefonía móvil para todos los funcionarios públicos.

“Estamos empantanados”

El presidente Blas Llano señaló, tras una sugerencia del senador Calé Galaverna, que el tratamiento de los artículos e incisos se tornaba bastante extenso. “Estamos empantanados”, dijo para justificar su propuesta de declarar cuarto intermedio, a definirse el viernes. El debate sobre los recortes de privilegios que trataban duró al menos cinco horas.

Esto ocurrió cuando trataban en particular el Artículo 3 que señala “La ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación deberá siempre y en todo caso contener las previsiones, disposiciones y prohibiciones siguientes", específicamente en su inciso c) "Prohibir la adquisición, contratación y provisión de la manera que fuere, de combustibles para toda autoridad pública de rango superior”.

En este punto, la senadora Esperanza Martínez señaló que se debe aclarar que esta prohibición hace referencia a cupos de combustible; el senador Enrique Riera propuso que en el artículo se incluya que la prohibición tenga excepciones a usos oficiales del combustible. Por su parte, la senadora Desirée Masi habló de que no se puede hacer una prohibición estricta debido a que hay parlamentarios que usan el combustible para operativos en el marco de la contingencia del covid-19, como ser entrega de víveres, etc.

Luego de declararse el cuarto intermedio, los senadores siguieron debatiendo y en un momento dado la señal de la transmisión vía TV fue interrumpida.

Más tarde se informó que la sesión finalmente quedó definida para el viernes a las 10:00, de forma virtual.