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El juez de la causa, Gustavo Amarilla, informó que no se opone al pedido de arresto domiciliario planteado por el exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira, teniendo en cuenta que la misma Fiscalía se allanó a la solicitud de la defensa.
Esta tarde se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas en el Palacio de Justicia de Asunción y solo falta la confirmación de aceptación de los hermanos para oficializar el levantamiento de la prisión preventiva, indicó Amarilla, un simple trámite de rigor.
Los hermanos De Assis Moreira ofrecieron una fianza real de US$ 800.000 cada uno, dinero que ya se transfirió a una cuenta bancaria a través de la empresa M360 Paraguay, del abogado Óscar Mersán De Gásperi, informó el periodista de ABC Claudio Genes. El juez aceptó este monto para la fianza.
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El magistrado también aceptó el ofrecimiento de guardar arresto domiciliario a cuenta propia en el Hotel Palmaroga, ubicado sobre la calle Palma, entre Ayolas y Montevideo, en Asunción. La habitación 105 para Ronaldinho y la 106 para su hermano Roberto. Anunció que se exhortará a la Policía Nacional a que se verifique que ambos cumplan la medida.
En la audiencia, el Ministerio Público argumentó que anteriormente, también en una revisión de medidas, se había ratificado la prisión preventiva teniendo en cuenta que la investigación estaba aún en una etapa muy incipiente. Como el escenario cambió, en esta oportunidad la Fiscalía ya no se opuso al arresto domiciliario.
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El exastro del fútbol ingresó a nuestro país el 4 de marzo pasado para participar de la inauguración de un casino y de un acto de beneficencia de la Fundación Fraternidad Angelical, representada por la ahora prófuga Dalia López.
Ronaldinho y Roberto de Assis Moreira imputados por presunta utilización de documento público de contenido falso, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de cárcel, están actualmente recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. También está procesado y con prisión preventiva en el mismo lugar el empresario Wilmondes Sousa.
En esta causa están imputadas otras 14 personas, entre funcionarios de la Dirección de Migraciones e Identificaciones de la Policía Nacional, que expidieron pasaportes y cédulas de identidad.