“Una reforma del Estado debe incluir (...) también la eliminación de privilegios de sectores económicos con poder, que mediante la matriz tributaria injusta que hoy rige, ganan más pero pagan menos que la mayoría de las y los paraguayos”, remarca la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) en un comunicado emitido hoy.

En una cumbre de Poderes, la semana pasada en la sede del Banco Central del Paraguay (BCP), referentes de los tres Poderes se comprometieron a impulsar una reformar integral del Estado. Ayer el ministro de Hacienda, Benigno López, anunció que en dos semanas se tendrá un proyecto de nueva ley de la función pública que fije contrataciones por “meritocracia” y recortes permanentes.

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“Hoy el Estado plantea una reforma desde el poder y para el poder. Si uno mira la foto del Banco Central y ve quiénes estaban presentes (en la primera reunión sobre reforma del Estado) son claramente los actores políticos y económicos que hoy tienen el poder”, aseguró el secretario ejecutivo de la Codehupy, Oscar Ayala Amarilla, durante el ciclo de charlas virtuales que hace Amnistía Internacional.

La Coordinadora sostiene que hay que tener tener cuidado y no caer en la trampa de los discursos y debates apresurados que ponen el foco en uno solo de los problemas con el objetivo de desviar la atención de otros ejes fundamentales.

“Es una trampa porque se quiere presentar a ojos de la ciudadanía que el problema que tenemos en Paraguay es solamente que algunos funcionarios ganan más, cuando ese es un aspecto pero no el único. La desigualdad en Paraguay pasa esencialmente por la inequidad que hay en el aporte de tributos, la injusticia tributaria”, afirmó Ayala.

La matriz tributaria también debe ser revisada, porque además de atender la emergencia por la pandemia del COVID-19, en el futuro el Estado deberá afrontar las consecuencias sociales y económicas, como el empréstito de US$ 1.600 millones de dólares, sostiene la Codehupy.

“De un proceso de discusión que tenga que ver con reformar el país en términos de nuevas leyes, de nuevos regímenes impositivos, de nuevas medidas que afecten la salud pública, de esa discusión la gente tiene que participar. Y en un momento de restricciones, asilamiento y desmovilización por la cuestión sanitaria, esa participación se va limitar a los políticos de siempre”, lamentó también Óscar Ayala.

Por eso el debate debe incluir a todos los sectores sociales y no solo a los mismos actores políticos que están en el poder desde hace tiempo y que, precisamente, son los responsables de la situación actual, remarca la Coordinadora de Derechos Humanos.

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La Codehupy nuclea a 33 organizaciones sociales y no gubernamentales titulares y a 6 adherentes que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos. También es Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).