En el informe anual de gestión 2019 del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) del año de 2019 se destaca nuevamente el informe “Sed de Derechos – Acceso al agua en instituciones de privación de libertad de la República del Paraguay", que concluye que solo el 39,2% de las personas privadas de libertad acceden al servicio sin restricciones en sus lugares de reclusión.

En tanto que el 11,9% de la población penitenciaria no tiene acceso a agua potable y el 60,8% lo hace con restricciones debido a la falta de continuidad en el servicio de agua en las cárceles.

La media de acceso al agua en todas las penitenciarías y centros educativos del país es de 14,37 horas por día, cifra que varía de acuerdo al tipo de institución de privación de libertad, indica el informe de gestión publicado hoy por el MNP. En las penitenciarias de hombres la media es de 14 horas, en las de las mujeres es de 21 horas de acceso al agua, en la de adolescentes (Centros Educativos) la media es de 18 horas.

Otro punto del informe es que los celdas o calabozos habilitados en las comisarías, en su mayoría, no cuenta con acceso a agua potable. Como así también son “escasas en número y de pequeñas dimensiones, afectadas por humedad, exigua luz natural y artificial, mal ventiladas, sin dotación de camas y con escasos colchones, mala higiene, con baños carentes de condiciones mínimas que garanticen salubridad y el respeto al pudor de quienes las habitan de manera transitoria”.

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Las observaciones del Mecanismo de Prevención contra la Tortura se relacionan con el riesgo de propagación del COVID-19 en las cárceles, debido al hacinamiento; y la falta de agua incide en el lavado de manos. Especialistas locales e internacionales insisten en que una de las mejores formas de protegerse del coronavirus radica en la higiene de las manos con agua y jabón.

Con el informe anual de gestión, el MNP comunica su séptimo año de actividad y está dirigido a las autoridades de los tres poderes del Estado y a la ciudadanía en general. Se rinde cuentas sobre lo actuado por el organismo en el 2019, ilustra la situación de los derechos de las personas privadas o afectadas en su libertad y también reflexiona sobre la los factores que derivaron en una crisis penitenciaria del año pasado.

EL principal objetivo del Mecanismo es impulsar políticas públicas que prevengan la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes de las personas privadas de libertad.