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Los senadores aprobaron la ley “que modifica y amplía la Ley N° 3984/2010, que establece la distribución y depósito de parte de los denominados royalties y compensaciones en razón del territorio inundado a los Gobiernos Departamentales y Municipales”, presentado por el Poder Ejecutivo.
La propuesta original pretendía que 20% (de un total de US$ 150 millones) se destine al Ministerio de Salud Pública para reforzar la atención de la contingencia en el marco de la emergencia sanitaria vigente por el covid-19. Ese 20% se extraería de los municipios, que pasarán a percibir la mitad de lo que recibían antes. Es decir, los municipios afectados que percibían 15% ahora recibirán 7,5%, y los municipios no afectados que percibían 25% con la modificación recibirán 12,5%.
Sin embargo, por mayoría, la propuesta fue aprobada con modificaciones que fueron hechas de forma transitoria al artículo N° 5 de la ley N° 3984/2010, en la que estipularon que "por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos percibidos en virtud de la presente Ley, deberá destinarse a gastos de capital. El porcentaje restante podrá utilizarse en gastos corrientes y/o de capital si los mismos se encuentran directamente vinculados en dichos gastos de capital, y para los gastos de salud, económicos y sociales derivados de enfrentar la pandemia del coronavirus.
También establecieron que estos recursos no puedan ser utilizados para la contratación de nuevos funcionarios durante la vigencia de dicha ley.
De esta manera el Senado hizo a un lado la intención del Poder Ejecutivo de disponer del 50% del dinero de los royalties y dejó a criterio de los gobernadores e intendentes decidir a qué rubros destinar el dinero puesto que no establecieron puntualmente que sea usado para gastos de salud.
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Juan Darío Monges, Hugo Richer, entre otros senadores se pronunciaron contra esta reducción sugerida. El principal argumento contra el proyecto de ley fue que el Poder Ejecutivo ya obtuvo “vía libre” para un endeudamiento de US$ 1.600 millones que en gran parte se destinará al pago de salarios.
También hablaron de que los municipios son los que más recursos necesitan para enfrentar obras y acciones para enfrentar la epidemia del COVID-19, porque son los primeros lugares a los que los ciudadanos acuden a solicitar ayuda en situaciones de crisis.
Por su parte Georgia Arrúa abogó a favor del proyecto, indicando que el redireccionamiento de los royalties será solo durante la crisis y que posteriormente los municipios volverán a contar con estos recursos. Subrayó que difícilmente este año se ejecuten todos los presupuestos por lo que un uso racional de los royalties sería destinarlos a salud ya que nos encontramos en crisis.
Fue la senadora Esperanza Martínez quien finalmente sugirió la modificación del artículo N° 5 de la ley N° 3984/2010, que fue aprobada y pasa a la Cámara de Diputados para su consideración.