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El juicio contra los acusados por el caso “coquitos de oro”, un proceso que lleva 10 años, desde que Camilo Soares era ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), no puede proseguir desde hace tiempo debido a que él y Alfredo Guachiré, junto con sus abogados, se las ingenian para presentar una chicana tras otra y así dilatar el proceso.
Hasta ahora, era llamativo que la Corte Suprema de Justicia no haya tomado una determinación seria para sancionarlos, pero finalmente ocurrió y los procesados, a más de sus defensores, deberán pagar multas de G. 8.400.000 cada uno.
Los miembros del Tribunal -Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga- ya fueron recusados cuatro veces por Soares, Guachiré y sus abogados, pero en todas las ocasiones la Cámara de Apelación confirmó a los magistrados al alegar que los argumentos expuestos por los incidentistas no se ajustan a derecho, sino más bien a chismes de pasillos.
Soares y Guachiré, por ejemplo, refirieron que ya no confían en los jueces debido a que una persona (a quien no identificaron) se les acercó y les pidió dinero para el Tribunal. También hablan de personas que ya les comentaron que serán condenados, pero los camaristas de Apelaciones José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Gustavo Auadre expusieron que ninguna de estas cuestiones tiene fundamentos jurídicos y por lo tanto confirmaron en todas la ocasiones al Tribunal de Sentencia.
Más chicanas
Al no prosperar las recusaciones, entonces los acusados Soares y Guachiré presentaron una denuncia en la Fiscalía contra el Tribunal de Sentencia al alegar que violaron las medidas sanitarias dispuestas por la emergencia del COVID-19. La fiscala Marta Carolina Romero está abocada a esta investigación y ya comprobó que la sala de juicios orales donde se llevan a cabo las incidencias del caso “coquitos de oro” está adaptada para evitar la aglomeración de personas. También se inspeccionó a los jueces para saber su estado de salud y todos están sanos, por lo que ahora se encuentra en la etapa de evaluación de los elementos para determinar si rechaza o no la denuncia.
En este caso se investiga la compra sobrefacturada de alimentos para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en el año 2009, cuando se declaró emergencia en varios departamentos del país.
Camilo Soares era el titular de la SEN y Alfredo Guachiré el director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y, al decir de la acusación fiscal, juntos maniobraron para causar un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo por más de mil millones de guaraníes en la compra de alimentos.