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Los diversos gremios de la binacional remitieron una nota dirigida al Ernst Bergen, titular de la entidad, destacando su oposición contra las reducciones y los topes a las remuneraciones.
Enfatizaron que como sindicato no van a permitir la violación de lo establecido en el contrato colectivo y que recurrirán a todas las instancias legales e incluso parar la hidroeléctrica de ser necesario, en reclamo de sus derechos.
“En vista que los políticos piensan que mantener y sostener una usina puede hacerlo cualquiera, si son tan valientes, por qué no se ofrecen solo para mirar una parada de máquina y sabrán lo importante que es un empleado de la hidroeléctrica”, subrayan en la nota.
Según la disposición de Mario Abdo Benítez, presidente de la República, en Itaipú y en Yacyretá nadie podrá ganar más que él –G. 37 millones– por un plazo de tres meses. Por dar un parámetro, todos los directores de estas entidades tienen salarios que rondan los G. 100.000.000.
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Los funcionarios de Yacyretá, por su parte, se llamaron a silencio y emularon la estrategia de Itaipú sin manifestar su parecer a la prensa.
Asociación de Magistrados y Defensa Pública tampoco quiere recortes
Desde la Asociación de Magistrados del Poder Judicial (AMPJ) también expresaron su preocupación por los recortes anunciados por el Poder Ejecutivo. Enrique Mongelós, presidente de la nucleación, comunicó a los asociados que la inquietud sobre el tema ya fue puesta a consideración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según manifestó, fue presentada ante el Ministerio de Hacienda una nota solicitando que los magistrados sean exceptuados del grupo de recortes de salarios, puesto que para “asegurar el servicio de la justicia, es imprescindible atender la condición humana de los magistrados, demás operadores y el derecho a la intangibilidad del salario”.
Los funcionarios de la Defensoría Pública se sumaron a los reclamos ante el inminente recorte de sueldos y remitieron una nota al ministro de Hacienda, Benigno López, pidiendo también ser exceptuados del descuento determinado por el Poder Ejecutivo.
Este lunes, el titular de Hacienda informó que dentro de la Ley de Emergencia, reglamentada a través de un decreto que será firmado la tarde de este lunes, se establecen varios recortes que significarán un ahorro de US$ 52 millones.
Los funcionarios públicos que ganen más de cinco salarios mínimos sufrirán un recorte del 10% y los que ganan más de 10, del 20%, por al menos tres meses. Además, habrá recorte de viáticos, horas extra, combustible, etc.
