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La Fiscalía General del Estado ordenó de esta manera abrir una investigación de oficio ante el anuncio de gremios, que amenazan al gobierno con parar las mayor hidroeléctrica de nuestro país, si es que se tocaban sus salarios.
La amenazas con fines claramente de coacción fueron plasmadas en un documento remitido al titular de lado paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen, donde advertían que pensaban buscar impedir los recortes a sus millonarios salarios “recurriendo a todas las medidas legales que nos asisten y si fuera necesario paralizar la hidroeléctrica”.
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“En vista que los políticos piensan que mantener y sostener una usina puede hacerlo cualquiera, si son tan valientes, por qué no se ofrecen solo para mirar una parada de máquina y sabrán lo importante que es un empleado de la hidroeléctrica”, agrega la nota, retando al presidente Mario Abdo Benítez y políticos que plantearon un proyecto de ley para regular los salarios de funcionarios estatales durante la crisis económica vinculada a la pandemia del coronavirus.
El documento lleva la firma de al menos cinco representantes de sindicatos que los suscriben.
Cuanto menos un hecho imputable
El Capítulo IV del Código Procesal Penal de nuestro país justamente establece sanciones contra los “hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones indispensables”, entre las que se encuentran las hidroeléctricas como proveedoras de energía eléctrica y la legislación también tienen en cuenta la tentativa.
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Específicamente, el artículo 218 del mencionado código establece penas de multa y hasta prisión por “Perturbación de servicios públicos”, en el que se considera autor de un delito “el que impidiera total o parcialmente el funcionamiento de: 1. un ferrocarril, el correo o una empresa o instalación que sirva al transporte público; o 2. una instalación que sirva al suministro público de agua, luz, calor, aire climatizado o energía, o una empresa de importancia vital para el aprovisionamiento de la población (...)”, indica el texto que también agregas instalaciones.
El artículo también detalla las sanciones aplicables, indicando que “será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”, el que realice estos actos delictivos y agrega que “en estos casos, será castigada también la tentativa”, agregando que quién “realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”.
Van a tener que entender, afirma el vicepresidente
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien fue vocero del anuncio del gobierno de plantear la “reforma estructural” que se centra sobre todo en los salarios, indicó opinó esta noche en conversación con ABC TV, que en general, los funcionarios públicos van a tener que entender y solidarizarse con la situación que se vive.
“Más o menos leí. Esto va a ser un camino bastante duro pero yo creo que en principio ellos también tienen que entender que no estamos en un momento normal, que estamos en una pandemia mundial en donde la economía está muy golpeada -también acá en nuestro país- y que todos tenemos que hacer sacrificios para cuidar la salud de nuestro pueblo”, sostuvo.
Sobre las amenazas vertidas en el comunicado consideró: “Yo creo que ellos también tienen que participar de este gran pacto social. Creo que si vamos a seguir solamente el camino de las amenazas y de que no vamos a entender realmente lo que hoy el pueblo pide, clama creo de que no vamos a enfrentar como corresponde esta pandemia. Yo creo que todos tenemos que hacer renunciamientos de todo en todos los sectores”.
Finalmente, se le consultó sobre sus parientes en la Función Pública, ante lo cual el vicepresidente evitó opinar, diciendo que cualquier cuestionamiento hacia ellos deberían de responderlos cada uno de los sindicados.
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También afirmó que no están cerrados a debatir cual de los proyectos de reforma del Estado y de recortes a los salarios se debería de aprobar, ya que existe uno previo planteado por miembros de diferentes partidos en el Senado.