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¿Se iba a reunir el Senado un viernes para aprobar un documento que a todas luces era inconstitucional? Esa fue la pregunta que varios se hicieron el 31 de marzo de 2017. La semana venía caldeada: el 28 de ese mes, el Senado aprobó cambios en sus reglamentos, de por sí ilegales, y Julio César Velázquez —entonces senador colorado— usurpó las funciones de Robert Acevedo, presidente de la Cámara Alta, para “secuestrar” el Senado.
Y sí, se reunieron. Fueron 25 y lo hicieron en la oficina del Frente Guasu dentro del recinto del Congreso para validar un proyecto de ley que disponía varios cambios en la Constitución Nacional, pero el punto más importante fue sin dudas la reelección presidencial, la que buscaban el entonces presidente Horacio Cartes y el expresidente Fernando Lugo, hasta hoy senador.
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Del Senado, el documento debía pasar a Diputados, en donde seguramente también iba a ser aprobado por una amplia mayoría de oficialistas y aliados al expresidente Cartes. En ese intervalo, sin embargo, se impuso la reacción ciudadana.
En pocas horas, el microcentro de Asunción se convirtió en un caos. Desde la tarde del viernes hasta el amanecer del sábado 1 de abril hubo decenas de heridos, personas que perdieron al menos un ojo, una persona fallecida en el ataque al PLRA —Rodrigo Quintana— y un Senado ardiendo.
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La inconstitucional enmienda no prosperó. Hugo Velázquez, entonces presidente de Diputados, informó que el texto no iba a tratarse en la Cámara Baja. Al día siguiente, sábado 1, Horacio Cartes había reculado luego de un voraz hecho de terrorismo de Estado en que la Policía actuó como en los peores tiempos de la dictadura stronista.
Hasta hoy, Rodrigo Quintana no encuentra justicia. Quien supuestamente le disparó es Rodrigo Florentín, un policía preso que ni siquiera tuvo una audiencia preliminar hasta hoy. Dos de sus colegas están condenados: uno por haber disparado al diputado liberal Édgar Acosta —Benito Joel Sanabria, 9 años de cárcel— y Jorge Ramírez Bogarín, quien fue condenado a cuatro años de cárcel por herir con un balín de goma a una mujer que estaba en la sede del PLRA la madrugada del 1 de abril.
Después, nada. Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la familia de Rodrigo Quintana, recordó este martes en conversación con ABC Color que las chicanas presentadas dentro del proceso por Leticia Redes, expareja de Quintana y madre de su hija, impiden la realización de una audiencia preliminar para el policía Gustavo Florentín.
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Sucede que, en teoría, todos actúan del mismo lado, pero la diferencia radica en que la Fiscalía y Redes sostienen que Florentín mató a Quintana sin recibir órdenes, meramente por su cuenta. Sin embargo, Duarte Cacavelos se pregunta y ejecuta acción jurídica y hace años que buscan responder una sola pregunta: ¿quién dio la orden?
¿Quién dio la orden? Para la Policía, nadie, pese a existir varias evidencias que apuntan a un cruce de llamadas entre no solo el presidente de ese entonces, Horacio Cartes, y el comandante de Policía, Críspulo Sotelo.
El caso se vuelve más complicado porque Leticia Redes fue nombrada como funcionaria del Banco Nacional de Fomento, empleo que sostiene hasta hoy en día, durante el gobierno de Cartes.
Otros implicados en la misma causa son los agentes policiales Éver Benítez, Arnaldo Andrés Báez, Guido Amarilla y el comisario Tomás Paredes Palma. La Fiscalía pidió el sobreseimiento de todos ellos. Quien sigue en prisión es solo Florentín.
¿Y quiénes de los senadores que aprobaron la enmienda siguen hasta hoy como legisladores? Casi todos los del Frente Guasu: Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Sixto Pereira y Hugo Richer. Del Partido Colorado siguen: Juan Darío Monges, Lilian Samaniego, Mirta Gusinky, Derlis Osorio. Por el PLRA continúan el presidente del Congreso, Blas Llano, Fernando Silva Facetti y Zulma Gómez. Se hicieron parlamentarios del Mercosur Enzo Cardozo y Blanca Lila Mignarro. Todos ellos deben ser recordados como lo que fueron: violadores de la Constitución Nacional.
