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Desde sus casas, asomados a las veredas, murallas y portones, los pobladores del microcentro capitalino protagonizaron en la tarde de este viernes una manifestación en contra los altos salarios que perciben muchos de los funcionarios del sector público. La crítica principal es que ante la pandemia del coronavirus, no se realizaron mayores recortes o disminución en los recursos que el Estado invierte en el pago de sueldos a sus empleados.
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El “cacerolazo” fue convocado por la diputada González, quien dirigió sus reclamos al Poder Ejecutivo que derrocha en gastos corrientes –como salarios millonarios- recursos que el Estado puede invertir en servicios sociales y en disminuir la desigualdad social que ante la crisis generada por el coronavirus, se evidencia aún más.
La ley de emergencia nacional promulgada por el Gobierno establece racionalización de gastos en todas las carteras estatales exceptuando al Ministerio de Salud. Los gastos eliminados tienen que ver con temas superfluos que son prescindibles. Con relación a los salarios de sus funcionarios, se decidió suspender el pago de beneficios como ayuda familiar, viajes y horas extras. Sin embargo, no se planteó la reducción de salarios ni tampoco la eliminación de gratificaciones extras por cargos de confianza.