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Godoy explicó a ABC Color que las principales tres aristas de este proyecto de ley tienen que ver con: evitar las compras innecesarias y beneficios superfluos, las contrataciones de parientes en la función pública y fijar un límite salarial para las autoridades.
Según mencionó, estas medidas de racionalización se aplicaron en determinados momentos pero que debido a la actual situación es importante definir su carácter permanente – es decir – que sea una ley vigente para todos los tiempo y casos.
Entre otras medidas de racionalización esta ley busca que todos los organismos y entidades del Estado queden sujetos a las disposiciones establecidas. Una de las normas es que ningún funcionario estatal perciba un salario mayor que el del presidente de la República. “Estadísticas y Censo publica que el promedio del salario en el sector público es de cuatro millones, cuatrocientos mil guaraníes mientras en el sector privado es de dos mil setecientos. Es grande la diferencia”, subrayó.
Otra de las disposiciones es que ningún funcionario de rango superior – entiéndase el mandatario, sus ministros, asesores, senadores, diputados, incluidos los directores de las binacionales y empresas estatales – podrá nombrar a un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad en la entidad u organismo a su cargo. Con relación a los asesores o cargos de confianza, limita a tres la cantidad de contratados. “Claramente sostengo que tal cual está se viola el principio de igualdad. Muy pocas personas sin tener un contacto pueden acceder a cargos públicos”, apuntó.
Se incluye además un artículo por el que se establece que todas las licitaciones hechas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros entes internacionales se realicen con la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
También estipula que ninguna autoridad de rango superior pueda contratar seguros médicos privados costeados por el Estado así como elimina los cupos de combustible y pago de servicios de telefonía móvil para todos los funcionarios públicos.
Otra de las prohibiciones es la adquisición de alimentos, arreglos florales, tarjetas de invitación y otros.
Godoy resaltó que si bien son medidas drásticas son totalmente necesarias para mantener la igualdad, la transparencia y por sobre todo encaminar las leyes para un gasto público inteligente. Mencionó que varios de sus compañeros de bancada y también colegas de otros movimientos acompañarán el proyecto de ley.