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El analista económico Amílcar Ferreira no se guardó la vehemencia para expresar su desilusión sobre la ley de emergencia aprobada. No es que esté en contra de las medidas que se tomarán de urgencia, sino que cuestiona que no se haya aprovechado este escenario de crisis para plantear reformas más profundas.
En un tuit difundido ayer, dijo que después de esta crisis no tendremos “un nuevo país. Vamos a tener el mismo país de m... Con todos los privilegios intactos y mucho más endeudado. Todos los recortes que se hicieron son temporales, no aprovechamos para corregir en serio nada”, se lee en el posteo.
Precisamente, la ley de emergencia, sancionada en 48 horas por el Congreso y promulgada esta mañana por el Ejecutivo, plantea entre otras cosas redistribuir a la salud los recursos que estaban asignados en principio para catering, pago de ayuda vacacional, por matrimonio y otros, dentro del Presupuesto 2020.
Adicionalmente, con los fondos de préstamos se prevé “fortalecer el sistema de salud" (US$ 530 millones), además de “apuntalar el empleo formal (US$ 100 millones) e informal (US$ 300 millones)” y “el remanente se destinará para el funcionamiento necesario del Estado”, según las explicaciones del ministro de Hacienda, Benigno López.
Pero la ley no solo no llenó las expectativas de algunos analistas, como el caso de Amílcar Ferreira, sino que alertó a organismos que promueven la transparencia y el acceso a la información pública, como la organización Idea.
La citada ley “es necesaria para enfrentar al COVID-19. Pero como ciudadanos debemos evitar que esta desesperación se utilice para crear más desigualdad”, dice la organización en un tuit, que lleva el hashtag “quién controla la plata”.
Y recuerda en ese sentido que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que entre el 10% y el 25% de los recursos destinados a las contrataciones del Estado se pierden en corrupción. “En el mejor de los casos, esto implica que unos 53 millones de dólares de este endeudamiento se lo quedarán los corruptos”, lamenta Idea y añade que el BID también estima que el 70% del gasto del presupuesto paraguayo se va en salarios. Por lo que si se considera que US$ 670 millones de los nuevos préstamos proyectados se destinarán al “funcionamiento del Estado” (lo que el ministro Benigno denominó “el remanente”), el 70% equivale a 469 millones de dólares.
“Esos 469 millones de dólares se destinarán para mantener intacto el salario de los políticos y funcionarios (salvo unos pocos privilegios aberrantes). Los funcionarios seguirán cobrando enteros sus salarios. O más sencillamente, la ciudadanía pagará el precio de esta crisis, mientras los privilegiados de siempre tendrán el asado asegurado”, puntualiza la ONG Idea.