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Ante el rumor que circuló que hablaba de la necesidad de incluir ya en la actual ley de emergencia medidas de ajuste impositivo, el ministro de Hacienda Benigno López reconoció que si tenía la idea de tomar esta línea de acción, pero luego conversó con su equipo y concluyeron que no es el momento de poner en el tapete un tema tan preocupante.
“Necesitamos tener apoyo para sacar esa ley. Esa discusión va a venir, pero este es el momento para pasar esta situación y después sentarnos a hablar”, remarcó el jefe de la cartera interior a radio ABC Cardinal 730AM.
Aseveró que en un tiempo se tendrán indefectiblemente que hacer una serie de reformas necesarias “donde se incorporará la mejora en la calidad el gasto y se tendrá una nueva ley del sector civil. Todo se tendrá que ver en un proyecto que empezaremos a trabajar cuando pase todo esto”, precisó Benigno López.
Enfatizó que después del drama sanitario por el COVID-19 “habrá un cambio importante de cómo financiar el Estado; no será nunca más lo mismo”.
Ayuda subiría a más de G. 300.000
Con respecto al programa Ñangareko, que otorgará ayuda a 330.000 familias necesitadas, mencionó que ese dinero se obtendrá de un redireccionamiento de gastos, y que finalmente aumentaría de 230.000 a más de G. 300.000, aunque no quiso confirmar el monto exacto y mencionó que la cifra precisa se conocerá el lunes.
Esa ayuda se comenzaría a pagar a partir del martes de la semana que viene a través de un sistema tecnológico que permitirá determinar incluso en qué se gasta el dinero, comentó Benigno, quien especificó que será como una tarjeta y no dinero en efectivo.
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Pagos a funcionarios
El ministro de Hacienda aseguró que se está trabajando para garantizar el pago de salarios para funcionarios públicos en los próximos dos meses.
Aclaró que los beneficios que se recibían en la función pública están todos cortados a partir de este jueves y que en el pago de salarios se aplicará el decreto de racionalización “de los US$ 50 millones que sacamos en enero cuando discutimos la ley”, recordó el ministro.
López informó que recortando beneficios a funcionarios se ahorrarían entre US$ 100 y 150 millones en total ya por los dos meses.
Pidió considerar que “la recaudación bajó el 50%”, por lo que “necesitamos generar el financiamiento que la ley nos permite para asegurar”, dijo.
Resaltó que el Gobierno está generando los procesos para encontrar recursos “para aguantar estos dos meses”.
No más beneficios
Recalcó que todo lo que sea beneficios fuera del salario base se dejarán de pagar, aunque se exceptúan los gastos por responsabilidad.
A su vez, enfatizó que el Estado necesita entre US$ 400 y 500 millones más para funcionar como si todo esto estuviera normal.
Sostuvo que es necesario conseguir créditos, pero destacó como buena noticia que “somos un buen cliente”.
BCP adelanta dinero
Anunció que cerró acuerdo con el BCP para que les adelanten US$ 500 millones a cuenta de una devolución que les darán ni bien salgan los créditos.
“Recursos vamos a conseguir, la ley nos permite hacer las gestiones; tenemos cerrados procesos con multilaterales. Vamos a conseguir el crédito para que funcione el Estado. Mientras, la ley nos permite hablar con el Banco Central del Paraguay (BCP) para adelantar recursos a cuenta de lo que se conseguirá después. Las reservas no pueden ser tocadas como financiamiento al Estado salvo ciertos casos y con la obligación de restitución”, detalló el ministro de Hacienda.