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López informó esta mañana a través de su cuenta en Twitter que esperan terminar el borrador este viernes y, tan pronto lo apruebe el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo presentarán al Congreso.
Dijo que se están ajustando los detalles a fin de contar con recursos eficientes para tener el impacto necesario en el sistema de salud, la protección de empleos y evitar el corte de la cadena de pago.
López cumple el quinto día de cuarentena en su casa, tras volver de un viaje de Washington, Estados Unidos, en donde participó de reuniones con las autoridades del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado.
La información manejada en estos días indica que la idea del Gobierno es presentar al Congreso un proyecto de ley de emergencia que contemple la moratoria en el pago de los impuestos, la contratación de nuevos préstamos y autorización para sobrepasar el tope de déficit fiscal, entre otros puntos.
El plan incluiría suspender el pago de los tributos por 60 días (en este tiempo no se aplicarán intereses ni contravención por mora) y para cubrir lo que el fisco dejará de recaudar en ese plazo, que se calcula en unos US$ 400 millones, se tendrán que contratar nuevos préstamos de organismos financieros internacionales o emitir bonos del Tesoro.
En ese contexto se plantean préstamos de contingencia por US$ 600 millones, aprobados por la CAF y el BID, cuyos proyectos de ley ya están en el Congreso. A este paquete se sumó ayer el Banco Mundial, que aprobó US$ 300 millones para apoyar la economía.
También se estima que el Estado precisará otros US$ 1.000 millones para cubrir las necesidades y asegurar su funcionamiento, lo que implica endeudarse para pagar gastos corrientes, lo cual hoy no está permitido por la ley.
Los nuevos créditos indefectiblemente harán que el déficit fiscal supere el tope de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que el proyecto de ley contemplará esta autorización y estipulará que no se podrá aumentar salarios en los próximos dos años, plazo en que se debe volver el límite legal.
El año pasado, por los factores climáticos y la recesión económica, el Gobierno había superado el tope de déficit y cerró el ejercicio con 2,9% de saldo rojo, con autorización del Congreso.