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Según los datos, el docente Arnaldo Ramón Alcaraz González dejó de asistir a su lugar de trabajo en agosto de 2018, tras involucrarse en el doble asesinato de los guardaparques Rumildo Toledo y Artemio Villalba, que ocurrió dentro de la Reserva Natural Tapyta, en la compañía Corazón de María, jurisdicción de San Juan Nepomuceno. El suceso criminal aconteció un sábado 18 de agosto de 2018, cerca del mediodía.
El docente integraba un grupo de cazadores furtivos que pretendía ingresar a la reserva natural con el objetivo de cazar animales silvestres, cuando fueron sorprendidos por los guardabosques, quienes intentaron altear a los intrusos, pero estos respondieron con tiros que mataron en forma inmediata a Rumildo Toledo y dejaron mal herido a Artemio Villalba. Otro compañero de los caídos pudo escapar para solicitar ayuda. Villalba falleció varios días después a raíz de la herida en la cabeza que recibió.
Desde que salió la orden de captura contra los cinco cazadores furtivos, incluyendo Arnaldo Ramón Alcaraz González, este dejó de ir a su escuela de Barrero Pyta, donde se desempeñaba como docente de grado además de encargado de despacho de la dirección. Abandonó su cargo en agosto de 2018 y hasta febrero de 2020 seguía cobrando su sueldo, según planilla del MEC.
Al ser consultada sobre el caso, la supervisora administrativa del MEC de esta localidad, Elva Morlas Escurra, dijo que al enterarse del caso del profesor Alcaraz González se constituyó en la escuela de Barrero Pyta con el objetivo de constatar la ausencia del docente y designar a otro encargado de despacho de la dirección. En aquella oportunidad pudo constatar que el docente (procesado por homicidio) ya se había encargado de poner un reemplazante.
La funcionaria explicó que informó de la situación al departamento jurídico de la Dirección Departamental del MEC que funciona en la ciudad de Caazapá y dijo que “las decisiones se deberían tomar allí”.
Pero pasó más de un año y el prófugo seguía cobrando por dos rubros 5.399.788 guaraníes en forma mensual, además de 80.000 guaraníes por subsidio familiar y 182.406 por escalafón docente. El procesado gestionaba su reemplazante presumiblemente con la anuencia de las autoridades ministeriales.
Llamamos a la asesora jurídica del MEC del departamento de Caazapá, Luz Ovelar, pero no contestó su celular. Le enviamos mensajes con las preguntas, que tampoco contestó.