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Los comerciantes de esta ciudad, como así también de Ciudad del Este y Salto del Guairá, presentaron ante las autoridades nacionales un proyecto de ley para habilitar zonas francas en ciudades fronterizas. Sin embargo, hasta el momento el proyecto no fue tratado, según los reclamos de los comerciantes.
Cabe señalar que un sector de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) está en contra del referido proyecto, ya que opinan que sería discriminatorio. Según su presidente, Gustavo Volpe, de aprobarse “beneficiaría a unas pocas empresas el beneficio de pagar un impuesto único del 4%”.
Sin embargo, el empresario Felipe Cogorno Álvarez indicó que el proyecto de ley para zonas francas que impulsan los comerciantes de ciudades fronterizas sigue sin ser tratado como corresponde, debido a que un sector de importadores y la Unión Industrial Paraguaya se muestran en contra y añadió que es debido a intereses comerciales.
Indicó que, en caso de ser aprobada la iniciativa legislativa de los “free shops”, esto habilitaría para vender solo al turista y no afecta de ninguna manera al comercio local.
Los comerciantes de frontera alegan que si el Ministerio de Hacienda da vía libre a este proyecto de ley, redundaría en soluciones sumamente eficaces para dinamizar nuevamente la economía de los comercios de frontera.
Los comerciantes fronterizos indicaron que el problema principal que actualmente están padeciendo los comercios de frontera es la gran desventaja con relación a los precios que se manejan en los “free shops” instalados en Brasil y Argentina.
Las diferencias son, por ejemplo, que en el rubro vinos la presión fiscal en Paraguay llega al 43% —esto destinado al turismo de compra—, mientras que en los “free shops” de Foz es solamente de 6% y el 4,5 % en los “duty free” de Argentina.
El licenciado Tomás Medina, de la Cámara de Comercio del Amambay, también indicó estar preocupado con el futuro de los comercios fronterizos. “Ojalá el Estado haga su parte para que sigamos trabajando y dando fuentes de trabajo”, indicó.
Por su parte, Cogorno Álvarez, que emplea a más tres mil personas en sus comercios de esta ciudad, Salto del Guairá y Ciudad del Este, señaló que de no aprobarse este proyecto de ley, el comercio de frontera tiene los días contados y no descarta que en corto tiempo se estarían apelando a despidos masivos de funcionarios por la poca venta y las trabas por parte de los “free shops” en el otro lado de la frontera.