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Ante la consulta de si el Viceministerio de Tributación podría sancionar al PLRA, Oscar Orué dijo a ABC Cardinal: “Tributaciones le puede sancionar al PLRA como contravención y con una sanción pecuniaria muy baja. Ellos están exentos del pago de impuestos por la naturaleza de su organización. Sí a las empresas privadas, por eso es que pedimos que informes de la situación”.
“Tengo entendido que ellos (el TSJE) tienen la atribución legal como para poder hacer las sanciones correspondientes conforme a lo que establece la ley de Financiamiento Político. Nosotros, de igual forma, pusimos a conocimiento de Ministerio Público el lunes pasado para que ellos evalúen los hechos punibles que presumiblemente se realizaron y también están dentro del ámbito jurisdiccional”.
Con respecto a si con esta nueva ley del control de financiamiento de campañas electorales, el Viceministerio de Tributación tiene un poco más de poder para entrar a chequear facturas, el viceministro señaló: “Sí. De hecho, a eso nos estuvimos abocando. Nos interesa que todas las empresas cumplan con las obligaciones tributarias y con las instituciones que, si bien no tienen obligaciones tributarias, tienen obligaciones formales de presentación ante la administración tributaria. Estamos haciendo una fuerte inversión tecnológica para que toda la información sea trazable”.
Orué informó que puso a conocimiento del hecho tanto al TSJE como a la Fiscalía General del Estado, a nombre de la fiscala general, Sandra Quiñónez. “Adjuntamos toda la documentación con las facturas presumiblemente clonadas con las originales que presentaron los contribuyentes que hicieron las denuncias respectivas”, indicó.
En cuanto a la Ley de Financiamiento Político, el viceministro afirmó: “Lo que hubo es una modificación. Ya existía una ley de Financiamiento Político con la que estábamos trabajando con el Tribunal Electoral. Ellos (el tribunal), cuando verificaron esas facturas, entraron a mirar el RUC y el número de la factura, el timbrado y, efectivamente, le dieron como facturas válidas. El problema es que la información dentro del concepto y los montos no corresponden a la realidad”, explicó.
“Hay dos facturas clonadas, las dos tienen los mismos números, timbrados, pero una dice por un monto de 100.000 guaraníes y otra de 98 millones de guaraníes. La de 100 mil es verdadera y la de información adulterada es de 98 millones”, recordó Óscar Orué.
“Recibimos en enero varias denuncias tanto de contribuyentes como también de miembros del Partido Liberal, en la cual la denuncia que recibimos es sobre las facturas que no son coincidentes con el legajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) al momento de la rendición de cuentas de los subsidios electorales”, reiteró el viceministro.
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“Lo que procedió a hacer la Subsecretaría de Tributación es la verificación y control respectivos, cruzamos los datos, pedimos informes a los contribuyentes que supuestamente emitieron esas facturas. La mayoría dijo que no emitieron factura y que trajeron las copias y declaraciones juradas respectivas que ellos presentaron. Ahí encontramos inconsistencias. Posteriormente, abrimos fiscalizaciones a cada uno de estos contribuyentes que supuestamente emitieron y al menos la mayoría presentaron documentación. Nosotros, con el sistema Hechauka, comenzamos a investigar y confirmamos la existencia de facturas clonadas”, afirmó a ABC Cardinal.
Orué anunció que la investigación se va a ampliar a todos los partidos políticos. “Hay que aclarar que no es una cuestión de persecución. Recibimos denuncias y tenemos que procesarlas. Gracias a Dios y a las autoridades que nos permiten hacer nuestro trabajo, no hay presión. Estoy hace 26 años en administración pública y en este tiempo podemos decir que lo que antes consideramos que eran personas intocables, hoy no lo son”, destacó.
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Y agregó: “Hay que recordar que el año pasado detectamos una evasión de US$ 500 millones en el tema de teléfonos celulares. Hicimos un operativo con la Fiscalía, realizamos 11 allanamientos: 10 en Ciudad del Este y 1 en Asunción. Desmantelamos una red de importación fraudulenta de aparatos celulares en la cual no pagaban impuestos. Eso nos llevó ocho meses. Hoy, con la tecnología que estamos implementando, los tiempos se acortan y eso nos favorece”, afirmó.