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Diputados finalmente se allanó a la versión modificada de la Cámara de Senadores en relación a la ley de financiamiento político, como estaba previsto. Con esto, rectifican la decisión bochornosa del martes 4 de febrero, cuando mutilaron la versión presentada por Rocío Vallejo (PQ).
Votaron a favor de la aprobación, en general y en particular, los 64 diputados presentes durante la sesión extraordinaria de este lunes.
El texto del Senado repone como requisitos que cada candidato demuestre el origen de sus fondos y crea un equipo fiscalizador con apoyo de Seprelad. Además, obliga a cada candidato a presentar un balance y una “declaración de ingresos y gastos de campaña (DIGC)” sobre el origen de los fondos antes y después de las elecciones.
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Cada aspirante también deberá presentar una “declaración de interés económico vinculado” de las empresas y activos que posee en el sector privado. Se aclara que dichos documentos no son “declaraciones juradas de bienes y rentas” como las que presenta un funcionario ante la Contraloría General de la República. De promulgarse desde el Ejecutivo, el proyecto modificará el Código Electoral (N° 834/96), La ley de Financiamiento Político (4743/12) y su reglamentación (N° 6.167/18).
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En la sesión de Diputados de hoy, varios legisladores expresaron que están de acuerdo con la versión del Senado y que estos cambios sí son aplicables, a diferencia de la propuesta de Vallejo. El punto más cuestionado de la diputada de Patria Querida fue que cada candidato debía tener una cuenta bancaria, que ahora se eliminó con el proyecto consensuado.
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El encuentro también enfrentó al liberal llanista Édgar Ortiz con su correligionaria Celeste Amarilla. El hombre la acusó indirectamente de comprar su banca y la diputada le respondió que ella “elegía a sus enemigos”.
El debate giró en torno a que cada uno defendía la “transparencia” de sus campañas políticas. Uno de los que cuestionaron las alocuciones de los diputados fue el liberal Édgar Ortiz, quien dijo que los legisladores deben dejar de tratar de mantener sus privilegios. Similar expresión tuvo Antonio Buzarquis, quien manifestó que -en ocasiones- el ser legislador se convirtió en un “vulgar negocio”.
Colym Soroka, colorado abdista, dijo que no pedía disculpas por haber votado por la versión de Diputados que destrozó el posible control al dinero usado por los políticos porque él actuaba con transparencia en su departamento (Itapúa).
