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El diputado charló con ABC Cardinal luego de una supuesta reunión que existió este lunes en la que el líder de movimiento Honor Colorado, supuestamente habría “bajado línea” sobre el sentido de los votos de la bancada cartista mañana, en la sesión extraordinaria clave en la que se tratará el proyecto de ley sobre financiamiento político, además del proyecto de declaraciones juradas de bienes de los candidatos.
Según expresó el parlamentario, la postura que tiene Honor Colorado para mañana es el desacuerdo a la forma en que fue redactada la ley. Es por eso que, anunció, plantearán algunas modificaciones.
Específicamente cuestionan la aplicabilidad. Según detalló Harms, “hay puntos que hacen que en los partidos grandes que tienen internas con demasiada cantidad de gente, sea de difícil aplicación y limitaría mucho la participación, por las obligaciones que establece esta ley”.
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Según el diputado “no es tan fácil”, que a cualquier persona se le otorgue una cuenta en el sector financiero, y que esto “no depende del candidato”.
“Somos aproximadamente 150.000 candidaturas en juego en unas elecciones internas. No sé si esa cantidad de personas tendrán la posibilidad de acceder a una cuenta corriente y muchos otros ni siquiera tienen RUC, que también exige este proyecto de ley”, justificó.
Presentarán modificaciones
Contó que algunos de sus colegas de bancada están trabajando en la modificación del proyecto, en la que plantearán, entre otras cosas “aplicabilidad, accesibilidad para todos y cumplir con lo que establece la ley”.
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“De qué nos sirve establecer una ley estricta y después serán pocos lo que puedan cumplirla. Los colorados y liberales sabemos cómo se desarrollan unas internas en base al sentido común”, añadió el diputado cartista.
Sobre el proyecto de ley de declaración jurada de bienes, Walter Harms también expresó su desacuerdo. “No soy partidario de que se publique en cualquier página un frío formulario donde se exprese en números la situación patrimonial de legisladores. Tiene que haber una estricta aplicación de lo establecido en la Constitución Nacional; que al inicio del periodo los legisladores presenten su manifestación de bienes, que la vuelvan a presentar al final de su mandato, y que la Contraloría haga una auditoría de correspondencia. Sino entramos en la especulación y el morbo”, sugirió el parlamentario.
Según Harms “hay municipios donde concejales ganan G. 150.000, ¿esos van a tener cuenta corriente? No hay caso. No es lo mismo el costo de la campaña de un candidato a diputado que de un candidato a concejal del Ñeembucú”, argumentó.
Criticó solapadamente al partido proyectista, Patria Querida, diciendo: “Es fácil (plantear esto) desde partidos que hacen su interna en el Centro de Convenciones de la Conmebol; esos quieren que el candidato de Yatytay tenga cuenta corriente para candidatarse”, lanzó.
Aclaró que para las elecciones generales sí están de acuerdo con que cada aporte sea rendido, “porque ahí se involucra dinero que ponemos todos para los subsidios electorales, pero en las internas no”.
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El proyecto de ley de Trazabilidad del financiamiento político busca evitar los fondos de la narcopolítica en internas municipales. Pretende endurecer y adaptar el control al dinero gastado en las campañas políticas ante la vigencia de la ley de “Desbloqueo de lista sabana”, en elecciones internas y comicios generales.
La sesión extraordinaria fue convocada de urgencia por la Comisión Permanente del Congreso para analizar dos proyectos trascendentales en la lucha contra la corrupción en la política y la función pública.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya expresó su apoyo al proyecto, pero legisladores colorados expresan abiertamente su rechazo.
Si la propuesta no es aprobada por los diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo antes del 5 de marzo de 2020, dicho control a las internas se postergará hasta los comicios generales del 2023.
Los diputados también analizarán mañana el proyecto de ley de Publicidad de las declaraciones Juradas de Bienes de funcionarios estatales. La ley vigente solo permite pedir el informe del patrimonio de un funcionario mediante orden judicial.