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Villamayor conversó este martes con radio ABC Cardinal y cuestionó uno de los castigos en el proyecto de ley de financiamiento político que se prevé estudiar en Diputados el próximo 4 de febrero.
Uno de los puntos establece una multa y la suspensión de la candidatura de una persona en el caso de que se encuentre que usó dinero “sucio” en las internas partidarias, que se harán el 12 de julio próximo para las municipales de noviembre.
Quien juzga al candidato es el Poder Ejecutivo. Villamayor explicó que el documento dice que este poder del Estado debe tener una sentencia en un máximo de diez días después de las elecciones y consideró esto inaplicable por el escaso tiempo.
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Además, detalló que el castigo en las internas es una multa económica y la suspensión de la candidatura, mientras que en las generales la sanción es solo una multa. Villamayor cuestionó este punto y argumentó que el trato es desigual.
El jefe de Gabinete Civil indicó que esto perjudicará a los partidos Colorado y Liberal, mientras que los partidos pequeños serán beneficiados, por la cantidad proporcional de candidatos que se presentarán de acuerdo a los afiliados de cada organización.
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“No creo que se pueda anular la candidatura después de las elecciones después de un supuesto proceso que dure solo diez días. No planteo una posición del Ejecutivo, sino un visión mía (...) En base a un informe del Ejecutivo se cambia al candidato de las internas. Al de la interna le aplico la multa y le saco la candidatura, y al de las elecciones interpartidarias, nada (...) Los partidos que van a ser controlados son básicamente dos: el PLRA y el Partido Colorado. Necesitamos una regla igualitaria para todos. Tenemos que respetar al que ganó en las urnas”, sostuvo Villamayor este martes.
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Además, indicó que está de acuerdo con controlar el dinero sucio en la política, pero no con cambiar el Código Electoral. “Para esto tenemos que hacer una ley del lavado del dinero en la política, no cambiar el Código Electoral (...) Tenés que juzgar 50.000 presentaciones solo en las municipales en el plazo de 15 días”, lamentó.
En ese contexto, manifestó que el no poder juzgar las miles de candidaturas no es un problema de presupuesto, sino de gestión. “No se puede hacer, es una cuestión de gestión. Es el Ejecutivo es el que tiene que hacer esto. Yo tengo miedo de darle esa facultad al Ejecutivo. (El control) tiene que producirse en todas las etapas”, concluyó.
La sesión se mantiene el 4 de febrero
La Comisión Permanente del Congreso, presidida por el senador Arnaldo Franco (ANR, cartista), mantiene firme la decisión del pleno de convocar a la Cámara de Diputados el 4 de febrero, pese a la escasa voluntad del Partido Colorado para tratar el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político y el proyecto de ley que publicita las declaraciones de bienes y rentas, sin orden judicial de por medio.
La intención de la mesa interinstitucional era ajustar la norma para que el 4 de febrero pueda ser aprobada. De las reuniones no participó ningún representante de Honor Colorado ni de Colorado Añeteté, cuyos votos son claves, ya que juntos reúnen 43. Solo el diputado de Alto Paraná Ramón Romero Roa (ANR) respalda.