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El ministro Juan Ernesto Villamayor habló en la fecha, en contacto con radio ABC Cardinal, sobre el proyecto de ley para el control del financiamiento político, que todavía no ha sido tratado por el Congreso. En ese contexto, insistió en que el Gobierno tiene un compromiso de luchar contra el lavado de dinero; no obstante, señaló que es mejor analizar con calma la propuesta.
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“No se trata de apresurarnos de un día para el otro y cometer un error. Estamos modificando el Código Electoral, no estamos haciendo una ley antilavado, y estamos metiendo instituciones del Estado ajenas al sistema electoral, entonces todo eso debe ser adecuadamente visualizado”, manifestó.
Agregó que es comprensible que los legisladores tengan dudas sobre ciertos puntos de la iniciativa y, en ese sentido, expresó su deseo de que sean aclaradas en la brevedad. Además aclaró, en contrapartida a lo señalado por Rocío Vallejo, que no considera que exista una falta de voluntad por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para colaborar con el control del dinero.
“La Subsecretaría de Estado de Tributación tiene la función básicamente de recaudar, no de controlar (...) A mi criterio, el proyecto habla de otro RUC; si vos decís que sobre ese RUC voy a participar mis datos de campaña, no hace falta consultarle a Tributación. Si vos le pedís a Tributación que le dé un RUC especial a cada uno de los 80 mil candidatos que tienen que dar en un mismo día para que ahí participen sus gastos de campaña es otra cosa. Ellos son los que conocen la parte técnica”, explicó.
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Seguidamente, hizo énfasis en el punto que le parece más cuestionable del mencionado proyecto de ley. "Yo tengo una preocupación: yo, a título personal, me encantaría estar sentado ahí para explicar. Yo considero preocupante, o por lo menos un poco de atención tenemos que poner en que el TSJE puede anular la candidatura del ganador con el argumento de proceso”, apuntó.
En ese sentido, aclaró que las impugnaciones de candidaturas se dan principalmente antes de las votaciones y no posteriormente, como podría ocurrir en este caso.
“El fundamento de validez de la candidatura se decide antes del proceso electoral, por eso están las impugnaciones, los reclamos, después se hace el proceso electoral, ahí no se juzga al candidato sino los votos emitidos. A mí, lo único que me preocupa de esto es darle a la autoridad electoral una facultad para que decida quién es el ganador no en base a los votos (...) Es darle al Estado una herramienta que te permite sacarle del terreno al ganador”, concluyó.