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El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión tomada en diciembre por la jueza de Primera Instancia en lo Laboral, Greta Aquino, quien ya había declarado ilegal la huelga realizada en noviembre por los trabajadores judiciales.
Tras la apelación, se ratifican en la decisión de que la medida de fuerza es ilegal.
La decisión se había tomado luego de que la magistrada hiciera lugar a la demanda de calificación de la huelga promovida por la Corte Suprema de Justicia, y declarara ilegal la medida de fuerza llevada a cabo desde el jueves 14 hasta el viernes 29 de noviembre del 2019 por parte de los sindicatos de funcionarios de la Dirección de los Registros Públicos, el Registro del Automotor y el Poder Judicial.
Un grupo de abogados también se había unido y promovido una demanda de calificación de la huelga, pero en este caso el pedido fue rechazado por Greta Aquino, quien alegó falta de legitimación activa de los profesionales, pues no son los contratistas de los funcionarios que llevaron a cabo la medida de fuerza.
Tras conocerse el fallo del Juzgado en lo Laboral, la sindicalista Porfiria Melgarejo de Ocholasky aseguró que la declaración de ilegalidad de la huelga de funcionarios judiciales no fue otra cosa que un “amedrentamiento” por parte de la Corte.
En ese momento, Porfiria Melgarejo había dicho que, en el caso de que no le dieran lugar a la apelación y quedara firme la ilegalidad de la huelga, los trabajadores podrían ser sumariados e incluso echados.
Denunció también entonces que la Corte Suprema de Justicia coaccionó a la jueza en lo Laboral Greta Aquino para que declarara ilegal la huelga realizada por los gremios del Poder Judicial.
A su vez, puntualizó que el gremio podría recurrir a derechos humanos internacionales porque considera que la declaración de ilegalidad va en contra de la libertad sindical.