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La fiscala Reinalda Palacios estuvo a cargo de la investigación tras la masiva fuga de presos de todo un pabellón de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero. La misma confirmó que su esposo es el comisario Juan José Ortiz, encargado de la Comisaría 3ª de Pedro Juan Caballero, que cubre el perímetro de la penitenciaría hoy allanada nuevamente.
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Al ser consultada si ser esposa de un alto agente policial no significa una causal de inhibición, respondió que eso ya queda a cargo de sus superiores.
Ante la pregunta de si ya se investigó a algún militar o policía en el marco de esta causa, respondió que desde ahora, según instrucciones recibidas, todas las comunicaciones sobre la fuga en Pedro Juan Caballero se harán a través de la Fiscalía General de la República.
Hasta el momento, el Ministerio Público imputó a 30 guardiacárceles y al exdirector de la cárcel Christian González, puesto que se maneja la hipótesis de que algunos presos hayan sido “liberados” y salido por la puerta grande del penal.
Cabe resaltar que la ley de emergencia penitenciaria fue promulgada en setiembre del año pasado, tras el violento motín en San Pedro, y tiene una vigencia de seis meses, es decir, hasta marzo de este año. Dicha normativa prevé que haya un trabajo en conjunto con las fuerzas públicas: la Policía Nacional y las fuerzas militares.
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Por otra parte, fuentes policiales –no oficiales– señalaron que se está realizando un sumario administrativo a los uniformados que cubrieron el penal ese día, pero que la principal responsabilidad se centra en el Ministerio de Justicia.
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Respecto a la posibilidad de inhibición de la fiscala en este caso, el abogado penalista José Casañas Levi señaló que desde el punto de vista legal hay muy pocas causales de inhibición del Ministerio Público. “Ahora, como el fiscal tiene que hacer una investigación objetiva no se podría descartar que eventualmente haya complicidad de órganos policiales, yo creo que sí debería apartarse, pero eso es una opinión mía. Lo lógico sería que en una situación como esta la Policía de la zona también sea investigada porque es un conflicto importante”, expresó en relación a la fuga.
Manifestó que si bien la Policía no se encarga del control interno de la penitenciaría no se puede descartar que haya algún tipo de vinculación. “Es un hecho muy grave, no es que se escapó una persona, es una banda muy peligrosa (...) Yo creo que en este caso ella no debería ser la fiscala del caso pero me sorprende que la fiscala general del Estado no sepa eso (...) El Ministerio Público tiene la obligación de actuar objetivamente aplicando la ley y evidentemente que si hay familiares implicados entonces obviamente esa objetividad va a estar afectada”, acotó.