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Masi conversó este jueves con los medios de prensa y sus declaraciones fueron recogidas por ABC Cardinal. La senadora comentó sobre los detalles que buscan coordinar con los diputados para unificar el proyecto de ley de financiamiento político, a modo de acelerar los procesos y tratar de que la iniciativa esté aprobada para el 6 de marzo, plazo límite establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para poder realizar algún tipo de modificaciones al proceso electoral para las internas partidarias de cara a las elecciones municipales de noviembre de este año.
“Se está trabajando en algunas modificaciones del proyecto de ley: no en los controles, sino por ejemplo en las sanciones. Hay una sanción que dice ‘G. 25 millones’, no tiene sentido. Hay una discusión sobre otra sanción en donde se deja que el tribunal partidario anule la candidatura si un candidato no presenta todos los requisitos, se anula la candidatura. Hay que tener cuidado: la Constitución no habla de anulación de candidaturas; en todo caso, se debería remitir a una instancia penal, justamente porque vos estás sospechando de algo (dinero ilícito)”, explicó la legisladora del PDP.
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Masi dijo que “lo cierto” es que se está trabajando para evitar un “ping pong” con Diputados. Otra de las dudas es quién será la autoridad de aplicación de control. Por ejemplo, opinó que el proyecto coloca a Seprelad, el tribunal partidario o al TSJE. “El TSJE siempre es en todo los casos”, defendió. “El Congreso va a hacer todo lo posible para que esto esté en el receso”, prometió.
El diputado Hugo Ibarra, del sector Colorado Añeteté, sostuvo que aún no tienen una postura sobre el financiamiento político. Están analizando los alcances que pueden tener estas modificaciones de la ley.
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“Como bancada oficialista siempre acompañamos lo que se trata de transparencia, control, rendimiento (...) Estamos analizando con diferentes movimientos del partido el impacto que podría tener, escuchamos sugerencias de técnicos de dentro del partido. No podemos decidir de manera apresurada”, expresó Ibarra en conversación con radio ABC Cardinal.
El diputado dijo que se centran en conocer cuál es la “capacidad de reacción que puedan tener las instituciones. Necesitamos estar nutridos de la opinión de las instituciones que van a estar involucradas”, añadió.
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“Tenemos que saber cuál es la capacidad de reacción de la Subsecretaría de Tributación, sabemos que va a haber rendición de cuentas (...) Tenemos que ver qué capacidad tiene Seprelad. El Partido Colorado siempre se caracterizó por la rendición de cuenta con RUC propio, muchos otros partidos inclusive recibieron depósitos en cuentas personales. Pensamos reunirnos la semana que viene”, concluyó.
El proyecto
La Cámara de Diputados fue convocada a sesionar en forma extraordinaria el 4 de febrero próximo para tratar la ley de trazabilidad del financiamiento político y la ley de la declaración jurada de bienes.
El proyecto de ley que establece la trazabilidad del dinero en las campañas electorales fue presentado a fines de diciembre último por un grupo de diputados. Dispone, entre otras cosas, el control del uso del dinero desde el inicio de la campaña electoral con cuentas bancarias auditables y la declaración jurada de los candidatos ya en las internas.
La intención es transparentar la financiación de las campañas electorales y evitar que el dinero sucio, como del narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas, sea utilizado para elegir autoridades. La propuesta legislativa tiene la oposición de varios sectores políticos, sobre todo de la ANR, aunque en el discurso todos hablan de estar a favor de la transparencia.