Caso Mocipar: denuncian que el Estado alquila edificio del “Grupo Durand”

Oficinas ubicadas en el edificio “Grupo Durand” son alquiladas a la Dirección de Aduanas, denunciaron integrantes del grupo de estafados de Mocipar, quienes recuerdan que Dany Durand no puede ser proveedor del Estado debido a su condición de ministro. El secretario de Estado, por su parte, negó ser dueño de toda la céntrica propiedad y aseguró que solo le corresponde un departamento del sitio.

Fachada del edificio "Grupo Durand" arrendado a la Dirección Nacional de Aduanas.
Fachada del edificio "Grupo Durand", arrendado a la Dirección Nacional de Aduanas.Silvio Rojas Falcón, ABC Color

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Mirna Alfonso, del grupo de afectados por el grupo Mocipar, hizo pública una denuncia en Twitter alegando que Durand arrienda oficinas en un edificio céntrico –ubicado en las calles Presidente Franco casi Colón– a la Dirección Nacional de Aduanas. Esta situación resulta llamativa ya que, siendo Durand miembro del Poder Ejecutivo, no puede ser proveedor del Estado.

El edificio en cuestión es una de las propiedades que Mocipar ofrecía en sus planes de adjudicación y, según el ministro, actualmente tanto las oficinas como los departamentos pertenecen a dueños particulares.

Durand –quien se encuentra fuera del país– respondió a las preguntas de ABC Color vía mensajes de Whatsapp. Señaló que el edificio tiene ahora varios propietarios, siendo él dueño de un departamento. Precisó que 20 oficinas y 15 departamentos fueron adjudicados a través de un plan de Mocipar y que ahora las oficinas que son alquiladas a Aduanas pertenecen a una inmobiliaria. “Mocipar no tiene nada que ver, no es la propietaria. “La propietaria es Inmobiliaria Atenas, que alquiló a Jariton Propiedades”, señaló.

Según consta en los documentos subidos al portal de la Dirección de Contrataciones Públicas, el edificio en cuestión fue arrendado por contratación directa a Aduanas –es decir, sin realizar una licitación pública con la posibilidad de participación de otros oferentes– por la inmobiliaria Jariton. La adjudicación de dicho contrato fue en julio de 2019, con una duración de 24 meses. El monto total del contrato es de G. 700.000.000.

Adjudicación a inmobiliaria Jarinton.
Adjudicación a inmobiliaria Jarinton.

La Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de Aduanas argumentó la necesidad de alquilar las oficinas de este edificio invocando lo dispuesto en la Ley N° 205/03, que establece que “cuando la adquisición de un inmueble corresponda por razones técnica o de interés social a un bien que por sus características sea el único idóneo para la satisfacción del fin público, se prescindirá del procedimiento de contratación pública”.

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Por otra parte, aunque el ministro Durand afirme que no es propietario del inmueble, en una verificación física del lugar se pudo ver que el edificio aún ostenta en su fachada el corpóreo de letras doradas que lo nominan como “Grupo Durand”.

Actualmente, existe una solicitud de quiebra de la empresa Mocipar Propiedades SA, que forma parte del Grupo Mocipar, en que decenas de clientes denunciaron estafas masivas. La firma argumentó insolvencia, bajos ingresos y un “ataque mediático” hacia su director, el imputado Fernando Román Fernández, socio del ministro de Urbanismo, Dany Durand, y del senador Javier Zacarías Irún (ANR).

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Por otra parte, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla excluyó a Durand de la investigación sobre presuntas estafas de Mocipar a pedido de la fiscala Stella Mary Cano. El magistrado detalló que en el reporte que le envió la agente fiscal se describieron cuatro casos específicos de los denunciantes que acordaron realizar la medida en conjunto. Amarilla explicó también que hizo lugar al pedido del Ministerio Público porque la fiscala Stella Mary Cano pidió la desestimación, ya que Durand, según argumentó, no tenía injerencia en las decisiones de la empresa teniendo en cuenta que pidió permiso en 2012 y vendió sus acciones en 2017.

En el contexto de las diligencias del Ministerio Público, el abogado Diego Lansac, defensor del titular del MUVH, envió intimaciones contra varias personas por “difamación, calumnia y injuria” contra su cliente en las redes sociales. Los que recibieron el documento fueron intimados a eliminar sus publicaciones y pedir disculpas o estarán expuesto a acciones judiciales.

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