Carlos Federico León Ocampos (52), cuñado del ministro de la Corte Alberto Martínez Simón, fue sancionado con una multa de 90 jornales mínimos diarios, G. 6.578.550, por incidentar el juicio con el objetivo de suspenderlo. Tras una chicana previa, el jueves tenía que iniciarse su juzgamiento y para evitarlo nuevamente recusó a los miembros del Tribunal de Sentencia, pero ese mismo día el Tribunal de Apelaciones analizó el incidente, confirmó a los jueces y también dispuso una sanción para el acusado y para el abogado Rodolfo Berdoy, patrocinante de la chicana.

Esta mañana, antes del inicio del juicio, el Tribunal de Sentencia convocó a una audiencia disciplinaria en la sala de juicios orales y también llamó al abogado Rodolfo Berdoy. Al escuchar su nombre, el profesional del derecho -quien no representa a Carlos León en el juicio- se escabulló de la antesala y escapó del Palacio de Justicia, informó el periodista de ABC Color Carlos Ortega. No se presentó y fue sancionado con un apercibimiento en su legajo, que en reiteradas ocasiones puede derivar en la cancelación de su matrícula.

Anteriormente, León ya había recusado al equipo de fiscales, encabezado por la agente Lorena Ledesma, pero el Ministerio Público nombró inmediatamente a los agentes interinos Ysaac Ferreira y Omar Legal para que el procedimiento se reprograme rápidamente.

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Carlos Federico León Ocampos está acusado en nuestro país por tráfico internacional de armas debido a un arsenal encontrado en 2016 y relacionado al asesinato del “capomafioso” Jorge Rafaat. Igualmente, enfrentan desde hoy juicio oral y público los otros coacusados en la causa: Víctor Hugo Ferreira Olmedo, Eduardo Alberto Ramírez Cantero y Alfredo Sánchez.

Además, Carlos León tiene pedido de extradición como sospechoso de ser parte de una red internacional de tráfico de armas desmantelada a mediados del año pasado. Según la Justicia argentina, integraban un esquema que recibía en Pedro Juan Caballero armas de fuego que eran ensambladas en Argentina para su venta en el mercado negro brasileño.

Facturó al Estado más de G. 52.000 millones

El empresario acusado es armero y propietario de la firma Comtecpar, empresa que entre 2010 y 2014 proveyó al Estado de armas por valor de más de G. 52.000 millones, de acuerdo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Vendió pistolas y otras armas a la Policía, Fuerzas Armadas, Senad, Fiscalía, Corte, Banco Central y de Fomento y al Ministerio de Justicia.

Está también vinculado a Trans Center SRL, empresa que intentó ganar un contrato de más de US$ 1.100.000 para vender pistolas a la Policía con la autorización de distribución que tiene Carlos León de una fabricante de armas de Croacia.

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