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Tras la polémica generada por el anuncio hecho por representantes del IPS de que más de 22.000 personas fueron excluidas del Instituto de Previsión Social (IPS) por tener RUC, la fuga de inscriptos se sintió en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Un total de 610 personas pidieron la cancelación de su RUC, entre el 1 de enero y hoy.
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En ese contexto, el viceministro Óscar Orué, titular de la SET, señaló en comunicación con ABC TV que se reunió con otras autoridades del Gobierno y decidieron garantizar la atención a todos los beneficiarios conforme a lo que la ley establece. “Y que el RUC no sea un impedimento para la atención de las prestaciones médicas, eso es lo que nosotros hemos decidido en la conversación que tuve con las autoridades del Gobierno”, enfatizó.
Por su parte, Luis Bareiro, jefe de la Unidad de Promoción y Difusión del seguro social del IPS, aseguró que siguen firmes con la misma medida y “las 22.458 personas que fueron bloqueadas seguirán sin cobertura”. Explicó que aquellos que tienen el RUC inactivo pueden cancelarlo y luego acudir a la dependencia de Aporte Obrero Patronal para solicitar su reincorporación.
Asimismo, precisó que en caso de que los padres de los aportantes pueden tener actividades comerciales pero sus ingresos no pueden superar los dos salarios mínimos. En el caso del cónyuge, todos los que posean RUC quedan fuera sin importar el nivel de ingreso económico que posea. “Titulares trabajadores no tienen ningún inconveniente”, aclaró.
Manifestó que hicieron el bloqueo de esta gran cantidad de personas para cumplir con la normativa de la institución y agregó que en todo caso se debería modificar la misma. El argumento principal de esta medida que afectó a cónyuges y padres de los titulares se basó en que si la persona registra movimiento en su RUC es porque tiene ingresos y entonces supuestamente se entiende que ya no dependen económicamente del titular del seguro.
Además, destacó que la aplicación de la norma implica un ahorro anual de US$ 7 millones, que se “pueden invertir en aquel trabajador que es genuino del IPS y aporta y también de aquel beneficiario que realmente necesita, con la única condición que dependa del titular”.
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Sin embargo, al enterarse del caso, el viceministro Orué indicó que no estaba enterado de que la información requerida por IPS era a esos efectos y que se debería hacer un análisis caso por caso, puesto que “el simple hecho de tener RUC no quiere decir que esa persona está facturando millones y su nivel de dependencia no sea con los que son usuarios de IPS”, señaló.
“La idea es no perjudicar a la generalidad, eso es lo que entendimos como Gobierno. Ellos tienen que hacer un análisis de caso por caso", enfatizó.
Finalmente, Orué señaló que en el transcurso de la tarde IPS estará anunciando con más detalles el nuevo acuerdo al que llegaron.