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En representación de la organización “Asunción no se vende”, el concejal Orlando Fiorotto y otros ciudadanos se reunieron con la encargada de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Soledad Machuca, y le expusieron cuatro denuncias relacionadas a hechos de corrupción en la Comuna asuncena.
La primera es relativa al contrato con TX Panamá, para la tercerización tributaria por 10 años, que implicaría que la Municipalidad entregue más del 22% de los ingresos al sector privado. Además, estuvieron presentes en la reunión fiscales de la Unidad de Delitos Económicos.
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Parxín y la recaudación al sector privado
Otro de los puntos emblemáticos que podrían ocasionar daños patrimoniales a las arcas municipales tiene que ver con la la empresa Parxín, que concedió el estacionamiento tarifado por 15 años, entregando 65% de la recaudación diaria al sector privado.
El tercer punto de los cuestionamientos refiere al contrato entre la Municipalidad e Ivesur, que firmó contrato por 10 años nuevamente con la Comuna y, según recordó Fiorotto en conversación con radio ABC Cardinal 730AM, “con un pliego acomodado para que vuelva a ganar Ivesur sin dar lugar a lo que habían planteado algunos concejales, para que se dé oportunidad a otras empresas y que cada contribuyente lleve su vehículo a la empresa que más le guste”.
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Todo esto, según mencionó Fiorotto, con el fin de que Ivesur pueda perdonar una condena de US$ 3.600.000.
Por otra parte, el edil indicó que en este contrato que se entregó a Ivesur por 10 años quedaron pendientes y no se acordaron los G. 4.000 millones que solicitan como regulación de honorarios los abogados de Ivesur, Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia.
“Eso está pendiente, en cualquier momento se ejecutará la sentencia. No sé si (Villamayor y Coscia) siguen como abogados activos de Ivesur, pero el estudio jurídico vinculado a Ivesur sobre el tema reclama sus honorarios”, detalló Fiorotto.
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Honorarios de abogados
El concejal amplió que los que llevaron adelante el acuerdo con Ivesur para el perdón del dinero a cambio de 10 años de contrato “no incorporaron en el paquete de negociación los G. 4.000 millones de honorario de los abogados”.
El cuarto caso se relaciona con la empresa Empo contra la Municipalidad, que está en arbitraje, por un reclamo de G. 190.000 millones por parte de la firma.
“Esa misma empresa (Empo) que trabajó con la Municipalidad, contrato de por medio, fue denunciada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como la empresa que presentaba para cobrar certificados de cumplimiento tributario falsos”, señaló el concejal colorado.
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Por otro lado, Fiorotto recordó que la propia Junta Municipal en mayoría había autorizado a esa empresa denunciada “a transferir a otra empresa su contrato para que siga prestando el servicio de recepción de la basura en Cateura”.
Incluso, dijo el edil, la Contraloría había remitido una nota en que instaba a la Junta Municipal a que se abstenga de transferir este servicio a otra empresa.
Piden investigación a fondo
Ante toda esta serie de hechos, Fiorotto y el grupo de ciudadanos fueron a pedir al Ministerio Público que se abran las carpetas fiscales y se investiguen los casos a fondo.
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La promesa de parte de la fiscala fue que se reunirían nuevamente la próxima semana. Los denunciantes, por su parte, se comprometieron a acercar más elementos probatorios de los hechos de corrupción que denuncian, para discriminar caso por caso.
“Hay que deslindar responsabilidades, porque en el ámbito de la Municipalidad se maneja dinero público. Siempre termina perdiendo la municipalidad cuando van en arbitraje estos casos”, lamentó el edil.
“Más allá de que haya un nuevo intendente y las denuncias, aquí no se pueden dejar sin efecto las responsabilidades penales y civiles”, finalizó Fiorotto.