El concejal Daniel Molinas, liberal y del equipo político liderado por el senador Salyn Buzarquis, indicó que esta mañana la Comisión Permanente de la Junta Municipal se reunió con el equipo interventor, que administra la comuna lambareña desde la última semana de diciembre. Se informó que el jueves, primer día hábil del año, se recaudaron G. 342 millones, en tanto que el viernes G. 374 millones y el sábado G. 211 millones, lo que da un promedio de poco más de G. 300 millones de recaudación diaria.

Sin embargo, el promedio de recaudación en materia de tributos durante el mes de diciembre de 2019 fue de apenas G. 50 millones, contó el edil. Este es otro indicio de que durante la gestión del intendente Armando Gómez, también liberal pero del movimiento Equipo Joven, encabezado por el senador Blas Llano, habría existido un cobro paralelo de impuestos.

No obstante, Molinas señaló que hay otros factores que pueden haber incidido en el aumento, como la resistencia de los ciudadanos a acudir a pagar sus obligaciones con la Municipalidad en medio del conflicto por la huelga de funcionarios debido a la falta de pago de salarios. Ahora, con la intervención del Ejecutivo aprobada por el Congreso y a cargo del interventor Amancio Rivas, muchos contribuyentes se acercaron a ponerse al día, detalló.

Igualmente, estos indicios se suman a los que la semana pasada ya había denunciado el concejal. Expresó que, por ejemplo, la intervención reveló que una firma pagó G. 102 millones en concepto de impuestos, pero que en los registros oficiales solo figuran G. 12 millones.

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Otro de los casos denunciados por Molinas es el manejo de la “caja chica” de la Intendencia, en donde se gastaban G. 25.000.000 al mes pero no existen documentos respaldatorios.

El jefe comunal Armando Gómez fue imputado por la Fiscalía por el presunto delito de lesión de confianza en la Municipalidad. El 18 de diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo constitucional para la intervención de la Comuna, solicitada por los ediles lambareños.

Días después el equipo interventor, designado por el Ministerio del Interior, tomó posesión de la administración de la institución.