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En noviembre de 2018, la Contraloría recomendó a la Municipalidad de Asunción rescindir del contrato con Empo -que gestiona los servicios de Cateura - debido a una serie de irregularidades por parte de la empresa denunciada por producción de documentos no auténticos, al presentar certificados de cumplimiento tributario falsos a la Comuna para seguir cobrando.
La Intendencia municipal había anunciado la cancelación del contrato pero finalmente esto no se dio debido a que la rescisión se trasladó al ámbito del arbitraje, ya que la empresa afirmaba que contaba con la aprobación de la Junta Municipal para seguir trabajando.
Luego de más de un año, los resultados del arbitraje aún no fueron comunicados a la Contraloría y Empo sigue operando en Cateura, por lo que la institución dispuso una fiscalización especial para aclarar qué pasó con la rescisión del contrato que había recomendado.
Humberto Franco, director general de Medio Ambiente de la CGR, explicó que actualmente lo que se dispuso es una fiscalización puntual del contrato con Empo, para determinar si la empresa continúa trabajando mediante decisión arbitral o si es que la Municipalidad hizo caso omiso a la sugerencia de cancelar el contrato y, sencillamente no dio seguimiento al caso.
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“Lo que vamos a hacer es un seguimiento para que la Municipalidad presente toda la documentación sobre el tema. Empo presentó documentos en los que demuestran que la Comuna aprobó que sigan trabajando, pero estos documentos nunca fueron enviados por la Municipalidad a la Contraloría”, señaló.
Empo LTDA reclama a la comuna capitalina un aumento de las tarifas por el kilo de basuras ingresadas al vertedero. Publicaciones de ABC Color habían demostrado que la firma pretendía ceder su contrato a otra empresa fantasma, apañada por autoridades municipales, de manera a evadir una millonaria deuda con el Estado. Además, había presentado un documento tributario falso para seguir cobrando en la Comuna, pese a ser morosa.
Por su parte, la Municipalidad negó esta vinculación y presentó una denuncia ante la Fiscalía. Todo esto fue investigado también por la CGR, que solicitó al terminar el contrato ya que existirían causales.