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Según explicó el magistrado Humberto Otazú, en primer momento todos los imputados serán remitidos al penal de Tacumbú, pero luego la Dirección de Institutos Penales deberá disponer el lugar de reclusión adecuado para estas personas.
La entidad deberá comunicar al Juzgado en caso de que sean trasladados a otro centro penitenciario.
En el caso de los tres imputados, fue calificada la conducta de asociación criminal y posteriormente, según se dispone en los artículos 94 al 97 de la Ley de marcas, donde se habla de fabricación ilícita.
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Estos tipos penales tienen penas previstas de hasta 10 años de prisión; con base en ellos se ha calificado la conducta de estas tres personas en forma provisoria mientras se inicia este proceso.
A los imputados se les realizó una inspección médica y el forense de turno elevó el informe correspondiente a las autoridades penitenciarias.
El abogado defensor del concejal Adaro llegó a plantear algunos incidentes, como la nulidad de las actuaciones, debido, entre otras razones, al estado de salud del concejal.
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“En esta audiencia lo que se estudia es el pedido de la medida cautelar, y en ese sentido el juzgado ha resuelto. Con relación a los incidentes, estos seguirán sus trámites procesales y mañana se correrá traslado al Ministerio Público. Oportunamente se estará dictando resolución”, explicó el juez Otazú.
El magistrado señaló que el Ministerio Público señaló el peligro de fuga y la obstrucción en esta investigación incipiente, por lo que teniendo en consideración las penas que podrían ser impuestas eventualmente, “estamos ante crímenes”.
Es por eso, que el juez cree prudente decretar la prisión preventiva de Benjamín Adaro Monzón, Óscar Arnaldo Perdomo y Senén Antonio Sosa.
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En la madrugada del 3 de enero, una comitiva fiscal-policial realizó una serie de allanamientos en Caazapá en el marco de un atentado ocurrido en la Gobernación y un asesinato por encargo en Itapúa. En el operativo, denominado por las autoridades como “Gangster”, fue detenido el edil departamental de Caazapá Benjamín Adaro Monzón y se incautaron varias armas, como fusiles y pistolas.
Concretamente, los allanamientos se llevaron a cabo en las ciudades de Maciel, Yuty y 3 de Mayo, del departamento de Caazapá.
Estos procedimientos guardan relación con el atentado que sufrió la Junta Departamental de Caazapá el 8 de agosto pasado, en el cual, más tarde, se vinculó a su chofer Hugo Arsenio Villar Sotelo (33). Además, están ligados a un caso de sicariato que ocurrió en setiembre de 2019, del cual resultó víctima Carlos Jorge Delvalle Lugo (50).
Justamente el ahora fallecido había denunciado previamente que el concejal Adaro había amenazado con matarlo si no decía que era él quien coordinó el ataque a la Gobernación de Caazapá. Por ende, el edil también pasó a ser sospechoso del caso. “Las dos causas están vinculadas técnicamente desde el punto de vista balístico y de acuerdo a la investigación de campo, y de acuerdo a eso se realizaron los allanamientos de hoy en Caazapá”, señaló al respecto el comisario Gilberto Fleitas en comunicación con ABC Cardinal 730AM.
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