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“Para nosotros es muy importante nuestra presencia acá, porque tenemos también que saber informarnos como concejales que la denuncia que había hecho el señor (Camilo) Soares lo había hecho primeramente en el pleno de la Junta y fue rechazado, y por eso para nosotros es importante venir a averiguar, porque ahora está instalada la Contraloría, esto está continuando, nosotros nos quedamos en la Comisión Permanente y vamos a seguir trabajando”, indicó la concejala Rossana Rolón durante la visita a la Fiscalía, sobre la investigación que es llevada adelante por la agente Stella Maris Cano.
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A criterio de Rolón, el camino que lleva la investigación de mano de la fiscala Cano es el correcto en apuntar al allegado del exintendente Mario Ferreiro, pero al ser consultada sobre la eventual participación de concejales en los esquemas irregulares investigados no quiso ser tan tajante, alegando no tener pruebas.
“Yo creo que sí (podría haber concejales involucrados), porque sí, ellos tenían también sus brazos. A lo mejor engañados; puede ser que no sabían que ahí había de por medio dinero o votaban ciertas cuestiones... No quiero juzgar porque no tengo pruebas, pero la investigación tiene que ser para todos”, indicó la concejala Rolón.
Por su parte, Fiorotto indicó que a lo largo de la gestión de Ferreiro denunciaron este y otros presuntos esquemas irregulares, pero el que más les urge que se resuelva es la anulación del contrato con el consorcio TX, sobre la concesión de un sistema de cobro del impuesto inmobiliario, que es estudiado en la Corte Suprema de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad.
“Hacemos un llamado al ministro (César) Garay Zuccolillo para que nos dé como regalo de fin de año a los 500.000 contribuyentes y tirando a la basura este contrato firmado por Mario Ferreiro y homologado por la mayoría de los concejales municipales", indicó Fiorotto, destacando que, según tienen entendido, las ministras Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica ya firmaron a favor de la inconstitucionalidad y solo falta la firma de Zuccolillo.
Fiorotto también pidió que las investigaciones no paren, ya que ellos insisten en que se apruebe la intervención de la Comuna capitalina. “Nosotros queremos la intervención de la Municipalidad de Asunción, nosotros no estamos de acuerdo con los parchecitos mediáticos como cortina de humo, como es el caso ultimo que se hace sobre la venta de espacios públicos en el Mercado Central de Abasto. Aquí hay que intervenir in totum la Municipalidad de Asunción, así que hacemos un llamado a que pueda acelerar su trabajo en la Contraloría y producto de ellos que se pida la intervención”, apuntó.
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“Ustedes recordarán casos emblemáticos que provocaron daño patrimonial a las arcas de la Municipalidad, como ser por ejemplo el caso Ivesur (empresa encargada de la Inspección Técnica Vehicular) que le cuesta US$ 3.600.000, más casi un millón de dólares en concepto de regulación de honorarios del Dr. Juan Ernesto Villamayor, Sergio Coscia y otros en el mismo expediente, el caso Parxin, de estacionamiento tarifado y controlado, en un contrato celebrado por Mario Ferreiro y homologado por la mayoría de la Junta, ese contrato leonino, altamente perjudicial a los intereses de la Comuna en este caso entregando por 15 años a una empresa extranjera la recaudación diaria del 65%, y solo el 35% para las arcas municipales, ustedes se darán cuenta que este tipo de contrato jamás se pudo haber celebrado”, citó entre otros casos que piden sean investigados.
Respecto sus colegas, que en general apoyaron las gestión de Ferreiro y estos cuestionados contratos, dijo que cada uno tendrá que responder por sus posiciones. “Que la mayoría de los colegas en el pleno hayan aprobado es responsabilidad de cada uno de ellos, no es la nuestra por lo menos”, dijo Fiorotto junto con su colega Rolón y agregó que ellos están “con la conciencia tranquila y esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo y deslinde las responsabilidades, caigan quién caiga”.
El caso de un presunto esquema de recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción provocó la renuncia de Ferreiro, que fue reemplazado por el concejal Óscar “Nenecho” Rodríguez, que ahora también es acusado por los denunciantes de haber apañado al exintendente. Por el caso están imputados Carlos Marcelo Mancuello y Víctor Ramón Ocampos (ambos por lesión de confianza y tráfico de influencias); el exdirector de Recursos Humanos de la Comuna, Aureliano Servín Maldonado, la exdiputada María Rocío Casco (ambos por tráfico de influencias, coacción y coacción grave), Alberto Mauricio Ferreiro y Fernando Arturo Ferreiro, sobrinos del intendente Mario Ferreiro (ambos por tráfico de influencias).