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Gamarra investiga el caso de Ana Felicia Ortiz Giménez, de 22 años, una estudiante de Derecho que supuestamente simuló su secuestro. La agente detalló que la mujer está presa en la comisaría 1ª de Caacupé.
La exigencia de rescate fue hecha desde el celular de la joven. Su expareja y padre de su hija, Óscar Benítez, fue el más presionado para pagar el rescate de G. 25.000.000 que pidió. El hombre incluso ya tenía el dinero para ello, pero los agentes le recomendaron que no hiciera la transacción.
“Tenemos indicios para decir que hubo una simulación. Se presentó imputación contra la misma. Se puso a disposición del Juzgado. Simulación de hecho punible es el tipo penal”, informó Gamarra, quien sostuvo que Ortiz Giménez cayó en varias contradicciones sobre su supuesto secuestro.
La fiscala estuvo con la mujer desde las 23:30 de Nochebuena (martes) hasta las 03:00 del día de Navidad en el Hospital Nacional de Itauguá, y allí, tras conversar con ella, notó las imprecisiones en su versión del hecho.
La mujer fue encontrada la noche del 24 de diciembre, en plena Nochebuena, aproximadamente a las 23:15, en las inmediaciones de la comisaría 19ª de Itauguá Guazú, donde supuestamente fue abandonada por los captores.
La Policía derivó a la joven al Hospital Nacional de Itauguá, donde se determinó que no fue abusada y que las heridas eran muy superficiales (posiblemente autoinfligidas). Asimismo, se tomaron muestras de sangre para su posterior análisis.
“Primero, dijo que la llevaron por la fuerza en un vehículo; después, dijo que se subió por su propia voluntad. Había muchos detalles que no coincidían con la investigación realizada por la gente de Antisecuestros. Nosotros estábamos monitoreando de acuerdo a la ubicación del teléfono y no coincidían los horarios de los que ella hablaba”, detalló la agente del Ministerio Público.
La fiscala contó también que fueron hasta el sitio en donde fue encontrada la mujer y allí dieron con su teléfono celular y un cuchillo tras un rastrillaje. La universitaria fue imputada por simulación de hecho punible y se expone a una pena privativa de libertad de tres años o multa.