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El periodista Édgar Américo Chilavert acudirá mañana a la sede judicial del primer departamento para conocer la resolución del juez sobre su pedido de arresto domiciliario. Para dar cobertura a la sede judicial, la Policía Nacional convocó a 79 de sus miembros, quienes formarán parte de este operativo que –a decir del abogado Daniel Alarcón, representante jurídico de Chilavert– es una forma de “terrorismo de Estado con el que se pretende ejercer presión sobre el juez que atiende la causa”.
Fueron convocados para la cobertura de la audiencia de Chilavert dos subcomisarios, un oficial inspector, un oficial primero, cinco suboficiales mujeres, 45 suboficiales de prevención y seguridad, una dotación completa de seguridad del Palacio de Justicia, un equipo táctico de seis personas del DETAC, un equipo táctico de seis personas de la UTE, un personal táctico explosivista con su can, una dotación del departamento de Investigaciones, una dotación de Antinarcóticos, una dotación de Automotores, una dotación de Delitos Económicos y un pelotón de antidisturbios.
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Según Alarcón, este despliegue de uniformados será utilizado para “sitiar” Concepción como una muestra de poder del clan Urbieta, que estaría detrás de las denuncias presuntamente falsas que se hicieron contra el comunicador.
Édgar Chilavert fue acusado por abuso sexual a un menor. El periodista, tras caer preso, se defendió alegando que el niño mintió, como parte de una persecución del intendente de Concepción, Alejandro Urbieta (PLRA), a quien el trabajador de prensa cuestiona su gestión y denuncia los casos de corrupción que lo salpican.
La defensa también señala que los peritos del Laboratorio Forense no encontraron indicios contra Chilavert. Se verificaron celulares y equipos informáticos, sin que apareciera prueba alguna contra el comunicador.
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Aseguran que se montaron los mensajes para así sostener la acusación contra el acusado.
Además, tanto el padre del menor como la madre desistieron de la querella. Y ahora solicitan que el juez escuche la versión del niño, quien ahora sostiene que fue manipulado para acusar al periodista como su agresor.
Alarcón sostiene que no existen presupuestos para sostener la acusación contra su defendido y asevera que tanto la fiscala de la causa, Carina Sánchez, como otros miembros del Poder Judicial, actúan bajo la influencia del Clan Urbieta.
Entre tanto, la jueza Liz Maribel Romero resolvió elevar el caso a juicio oral y público, el que se iniciará el próximo 13 de marzo. Mientras, Chilavert sigue recluido, ahora en el penal de Concepción.