Finalmente, el escándalo de una presunta caja paralela de recaudación y la imputación a integrantes de su anillo cercano tumbaron a Mario Ferreiro (Avanza País), quien renunció ante la eventual intervención a su administración. Sin embargo, los escándalos, cuestionamientos e irregularidades previas al caso de la supuesta caja paralela de cobro de impuestos caracterizaron sus cuatro años (de los cinco que debían ser). A continuación, hacemos un repaso:

Ivesur y Parxin

La Comuna perdió ante un tribunal arbitral la demanda planteada por la empresa Ivesur y el fallo ordena a pagar a la firma privada US$ 3.600.000, más gastos, costas y honorarios. Tras un arreglo, se logró que la empresa renunciara al dinero, pero ahora los abogados Juan Ernesto Villamayor (actual jefe de gabinete de la Presidencia) y Sergio Coscia (actual procurador general) reclaman el cobro de honorarios profesionales por casi G. 3.985 millones.

El inicio del juicio es anterior a la gestión de Ferreiro, pero la verdadera polémica fue que su entonces asesor jurídico, Enrique García (quien luego fue contralor general de la República), antefechó un escrito de apelación para tratar de simular que apeló a tiempo la demanda, según la acusación de la Fiscalía en su contra. Se espera que un juzgado eleve la causa a juicio oral por falsificación de documentos públicos.

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Entre tanto, la demanda que sí se planteó en la administración de Mario Ferreiro es la de Parxin, empresa concesionada para la explotación del estacionamiento tarifado en el centro de Asunción y otras zonas comerciales. Finalmente, el Ejecutivo rescindió contrato, presionado por un sector de la ciudadanía, aunque argumentó que la empresa no presentó en tiempo y forma una póliza de seguro exigido en el acuerdo.

En principio, la firma pide una indemnización de US$ 5 millones y reclama que el sistema entre en vigencia. Sin embargo, de no aceptarse este reclamo, hablan de solicitar todo lo que se hubiera recaudado en los 15 años de concesión, que rondarían los US$ 123 millones.

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Obras cuestionadas

Vecinos de barrio Obrero se opusieron a la remodelación de la avenida Quinta para convertirla en un paseo gastronómico, ya que la instalación de casillas significaba que sería imposible recuperar en el futuro el espacio público.

La Comuna continuó con el proyecto, y en marzo pasado se filtraron audios que revelaban un presunto negociado con las casillas. Se escuchó que el entonces director municipal Antonio Coscia ofreció una casilla a un vendedor que no era de Avenida Quinta.

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El funcionario fue separado del cargo y se “abrió” una investigación por presunta corrupción, pero hasta el momento no se da a conocer cómo se encuentra el sumario administrativo.

Otra obra cuestionada, pero por costosa y chapucera, es la bicisenda sobre la calle Iturbe, de un tramo que recorre desde barrio Obrero hasta el microcentro. El contrato fue de un total de G. 1.006 millones a favor de LS Servicios, de Lilian Sosa.

La empresa ha incumplido innumerables veces el contrato, y la bicisenda tiene múltiples defectos. El documento se firmó en enero del 2018, con un plazo de dos meses, pero la obras fue terminada en nueve, con excesivas fallas. La recepción provisoria fue aprobada igualmente.

A esto se suman los baches, ojos de gato rotos, la pintura amarilla en asfalto que no es reflectiva, la pintura blanca con remiendos y la falta de basureros, pese a que el contrato estipula su instalación.

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Gestión tributaria

Otra polémica es la tercerización de la gestión tributaria, a través de la concesión del sistema para el cobro de los impuestos. El punto principal cuestionado es que la empresa adjudicada, el consorcio panameño-paraguayo TX, podría acceder a datos sensibles de los contribuyentes, según denunciaron los detractores.

Igualmente, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se debate si el contrato atenta contra principios constitucionales, ya que los impuestos no pueden ser gravados y el acuerdo estipula que la empresa TX recibirá el 22,75% del incremento en las recaudaciones como comisión.

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La Municipalidad ya está implementando el sistema de gestión tributaria, a pesar de que hay una acción de inconstitucionalidad pendiente en la Corte, y la propia Contraloría General de la República (CGR) dictaminó la suspensión del servicio hasta tanto resuelva la máxima instancia judicial.

Viajes, viáticos y cupos

Hasta agosto de este año, la Municipalidad adjudicó por G. 2.337 millones solo para pagar los pasajes en avión de autoridades y funcionarios en la administración de Mario Ferreiro. A esto se suman los millonarios viáticos.

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Entre tanto que, en 2017, el entonces intendente Ferreiro logró los votos en la Junta para aprobar una ampliación presupuestaria para sueldos, de G. 19.432 millones, y a cambio ofreció cupos políticos a los concejales municipales.

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