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La fiscala a cargo del operativo es Stella Cano, y de las oficinas ejecutivas de la Municipalidad de Asunción se deben incautar equipos informáticos, celulares y documentaciones referentes a los hechos denunciados. Los allanamientos se hacen en las oficinas del Gabinete de la Intendencia y de la Dirección de Recursos Humanos. A raíz de este operativo, no se están prestando servicios en la Comuna a estas horas.
La denuncia fue presentada por Camilo Soares contra personas innominadas, pero señalan que los hechos involucrarían a la exdiputada de Avanza País María Rocío Casco Arce y al director de Recursos Humanos de la Comuna y activista del P-MAS, Aureliano Servín Maldonado. No obstante, aclaran que no pueden sindicarlos como autores, partícipes o cómplices, sino que su participación será determinada en el marco de la investigación.
Por otra parte, en la orden de allanamiento, la jueza Lici Sánchez señala que Soares le prestó dinero a Mario Ferreiro para su campaña política, pero no lo devolvió. Soares había hipotecado su casa para obtener ese dinero, pero no pudo pagar la deuda y, por ello, se produjo el despojo de su vivienda familiar.
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Además, añade que, según la denuncia, Víctor Bogarín formaría parte de un “grupo paralelo de recaudadores capitaneados por Marcelo Mancuello”, jefe de Gabinete de la Municipalidad, “quienes rendirían cuentas de las recaudaciones paralelas al señor Adolfo Ferreiro”.
Soares habría tomado conocimiento de ese hecho gracias a Francisco Florentín, exfuncionario de la Comuna que habría sido despedido de la Comuna al denunciar el grupo recaudador. Él le entregó las capturas de pantalla de un grupo de chat conformado por Marcelo Mancuello, Víctor Ocampos y Fernando y Beto Ferreiro (sobrinos del intendente), entre otros.
El celular de Mancuello ya fue incautado por la Fiscalía para constatar estos hechos.
Exsenador involucrado
Florentín prestó declaración el 16 de diciembre y dijo que en una oportunidad fue convocado por Mancuello y Ocampos en las oficinas del primer piso, en horario laboral, y allí encontró al exsenador Adolfo Ferreiro, hermano del intendente. El exfuncionario aseguró que esas personas le hablaron del grupo de recaudadores “que se encargaban de las licitaciones y que ese dinero no entraría a las arcas de la institución”.
Según su testificación, el director de Administración y Finanzas de la Comuna, Braulio Ferreiro, tendría conocimiento de este hecho y le ofrecieron ingresar a ese grupo de Telegram, denominado “Asado de fin de semana”.
Buscaban elementos incriminatorios
Por otra parte, también Soares denunció que el 18 de junio de este año la exdiputada Casco y Servín Maldonado se dirigieron hasta la vivienda de Alfredo Guachire en horas de la mañana. “En la conversación le comentaron que, aparentemente, yo estaría molestando al intendente Mario Ferreiro y que necesitaban elementos de información incriminatoria contra mi persona, y que podrían causarme un enorme perjuicio ya que hay una agente fiscal cuyo nombre no mencionaron, que ya les ‘ayudó en el pasado’ a personas vinculadas a ellos, Gladys Cardozo y Maño (Aníbal) Ruiz, y que esta agente me tiene un gran rencor, y que estaría a la espera de encontrar un elemento –el que fuera– por formarme una causa y armar un proceso penal en mi contra”, añadió.
Según la denuncia, Guachiré grabó toda la conversación y eso se encuentra ya en manos de la Fiscalía. “A cambio de la provisión de información sensible sobre mi persona, le prometieron compensación económica y auxilio en sus casos judiciales”, agrega Soares en su denuncia ante la Fiscalía.
Intendente “no estaba enterado” de allanamiento
Mientras los operativos se realizaban en su propio Gabinete, el intendente Mario Ferreiro se encontraba en un evento en la Costanera de Asunción. Abordado por el tema, dijo que se estaba enterando justo en ese instante por ABC Cardinal y no tenía detalles al respecto.
“Vamos a estar tomando conocimiento de los hechos. La verdad que yo no estaba enterado. En cualquier caso, con mi equipo jurídico vamos a estar dando las respuestas pertinentes. Estamos a total disponibilidad de colaborar con la Justicia”, declaró en contacto con la 730 AM.
Trasfondo político
Por otra parte, el intendente dijo que este asunto “hace mucho tiempo se está moviendo” y Soares ya “amenazó” con esta acción previamente. Limitó el asunto a una pelea interna del P-MAS y dijo que hay una “serie de situaciones bastante complicadas” que se generaron a partir de la separación de dicho partido.
Añadió que desde hace tiempo escucha amenazas y advertencias, y que este problema “no es nuevo”, pues tiene “una serie de idas y venidas”. Garantizó que no va a encubrir a nadie, pero que este hecho tiene muchos antecedentes, por lo que Soares “completó una amenaza antigua en esta pelea sin cuartel”.
Por su parte, la abogada del Municipio, Emilia Yugovich, indicó que la Fiscalía no tiene un listado específico de documentos que desea incautar, por lo cual van a llevar todos los expedientes y luego “devolverán el resto” que no guarda relación con las denuncias. Dijo que tanto ella como el jefe de Gabinete desconocen las denuncias y dos comitivas distintas están incautando documentos, computadoras y celulares.
Un cheque sin autorización y más involucrados en otros hechos
En el marco de las investigaciones, Soares prestó declaración testifical y manifestó que la exparlamentaria Casco compartía con él actividades de índole política y que los motivos por los cuales ella y Servín querían incriminarlo en cualquier hecho es por las “irregularidades e ilícitos que se estarían cometiendo dentro y fuera de la Municipalidad de Asunción”.
Afirma, además, que esos hechos se concretan “en contubernio” con Mancuello y Ocampos. Según el documento de la jueza, Soares incluso mostró fotografías en las que se ve a Ocampos con varios fajos de billetes y las imágenes habrían sido tomadas antes de la realización de importantes adjudicaciones.
“Así también, refirió que el señor Adolfo Ferreiro, hermano del intendente, habría emitido un cheque por G. 900.000.000 en su carácter de administrador de la Concertación Avanza País, sin la autorización correspondiente de los partidos políticos que conforman dicha nucleación, siendo reclamada dicha suma posteriormente en un juicio civil”, añade la orden de la jueza.
Además, Soares también hizo referencia a “situaciones comprometedoras” que involucran al concejal Rodrigo Buongermini y Casco, dentro del mencionado partido político.