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Los senadores Arnaldo Franco y Antonio Barrios (ANR, cartistas), María Eugenia Bajac (PLRA, llanista), Georgia Arrúa (Patria Querida) y Carlos Gómez Zelada (PLRA, independiente) presentaron un proyecto de ley que busca modificar varios artículos de la Ley 1.335/99, Diplomática y Consular, para que políticos nombrados por el Poder Ejecutivo nombren a cónsules sin la necesidad de formar parte del servicio diplomático y consular.
Ruth Vera Durañona, primera secretaria y jefa del Departamento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue una de las portavoces en contra del proyecto. En una conversación con radio ABC Cardinal 730AM, sostuvo que varios diplomáticos lamentan este documento porque solo busca ubicar a los leales políticos —los “hurreros”— en los consulados, en donde se cumplen funciones muy específicas y delicadas.
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“Vamos a ser una seccional en representaciones diplomáticas y consulares. La parte más complicada de la función diplomática es el consulado; se vive el drama de los compatriotas. Yo estuve en Francia seis años y tenemos que lidiar hasta con casos de trata de personas”, explicó.
Vera Durañona añadió que con esta medida se “mata la carrera diplomática” y el Gobierno debe ser consciente de que esos cargos deben ser ocupados por los mejores y no por personas que ingresen solo por contactos políticos.
“El Estado ya no puede servir más para estas cosas. Los políticos ya no pueden hacer esto, deben poner a los mejores (...) Con un proyecto quieren incluir sus proyectos particulares. Hay un grupo de diplomáticos que están en contra de la propuesta que busca incluir a políticos”, lamentó.
Otra de las preocupaciones de la diplomática fue que dentro de los consulados se mueve dinero que es para asistir a compatriotas que están en situaciones de peligro y aventuró que esos fondos podrían ser usados para hacer favores políticos si es que se aprueba este proyecto.
La modificación que sugieren los senadores en el artículo 42 de la Ley es que “el Poder Ejecutivo podrá designar como cónsules, a más de los funcionarios que ocupen esa categoría en el escalafón, a personas de nacionalidad paraguaya natural o naturalizada, que sin formar parte de él, posean notoria capacidad y versación para el cargo”.
Refiere que “las designaciones para este cargo de personas ajenas al escalafón no podrán exceder el 50% del total de los cónsules designados en el exterior”. Es decir, podrían llenar hasta la mitad de políticos en los consulados de Paraguay en el mundo.