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“La ley es bastante contradictoria: por un lado dice que el adulto mayor que va a ser beneficiario es aquel que se encuentre en situación de vulnerabilidad social, pero por otro lado dice que hay registros automáticos y después de 30 días se tiene que incorporar al programa”, destacó primeramente el viceministro Llamosa sobre la modificación de la pensión para personas de la tercera edad.
Además, dijo que tampoco se define concretamente “qué es un adulto mayor en vulnerabilidad social”, por lo cual el primer gran desafío de Hacienda será definir a esa persona beneficiaria y, además, establecer el mecanismo de selección. “Tampoco vemos que con esto se elimine definitivamente los censos porque no define a los beneficiarios”, acotó.
Por otra parte, Llamosa señaló que la nueva normativa señala que el pago se harán dependiendo de la disponibilidad presupuestaria pero el rechazo al veto del Poder Ejecutivo fue aprobada días después de que ya se haya establecido un Presupuesto General con un monto destinado al programa para el año que viene.
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La ley dice que va ser en base a la disponibilidad presupuestaria y lo contradictorio también es que días después de aprobar una ley de presupuesto donde ya se establece un monto para el año que viene para el programa de adultos mayores rechazan el veto del PE sobre el programa de adultos mayores.
Sobre los montos, consideró que, de acuerdo a la Encuesta General de Hogares, los adultos mayores de 65 años que no cuentan con jubilación ni pensiones son aproximadamente 400.000 y hoy el programa llega a 200.000. “En un primer ejercicio, los potenciales beneficiarios podrían ser el doble”, añadió.
Eso implicaría un incremento de US$ 200 millones más por año, considerando que cada persona le cuesta al Estado US$ 1.000 al año. No obstante, aclaró que con la definición que realizarán de “adultos mayores en situación de vulnerabilidad”, seguramente esa cifra será menor.
A pesar de que la ley no establece plazos, consideró que les tomará aproximadamente dos meses “cubrir las lagunas” que ven en la ley. En ese momento, también resaltó que incluso en cuanto al presupuesto hay muchas cuestiones que resolver porque la normativa no es para nada clara.
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El miércoles, los diputados rechazaron el veto de este proyecto, con lo cual tuvo promulgación automática y el Ejecutivo estará obligado a promulgarlo. Anteriormente afectaba a quienes estaban en situación de pobreza y ahora incluye a personas en calidad de vulnerabilidad.
